Avala SCJN inspección por policías sin orden judicial

Todos los policías en México podrán detener y revisar a personas y vehículos para su revisión sin orden judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó lo anterior y dijo que esto únicamente se podrá hacer en casos de sospecha razonable o flagrancia.

En la misma sesión, el pleno también validó la detención en flagrancia por delitos que requieran querella.

El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, presidente de la Corte, dijo que resolución refuerza el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece una inspección de personas “superficial o leve”, que consiste en la exploración de la superficie del cuerpo bajo la ropa, para buscar objetos adheridos al cuerpo.

Indicó que solo se deberá realizar en casos justificados y sin violentar los derechos humanos de las personas revisadas.

A tal fallo se llegó por mayoría de votos y con un proyecto elaborado por el ministro Javier laynez Potisek.

Este propuso declarar infundados los argumentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que pidió anular diversos artículos del CNPP.

Hay que destacar que la CNDH asegura que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales trasgrede preceptos constitucionales como la libertad personal y de tránsito, seguridad jurídica, privacidad y vida privada, integridad personal y de no injerencias arbitrarias, así como los principios de legalidad y de certeza jurídica.

La mayoría de los ministros coincidió que las inspecciones constituyen controles preventivos provisionales que se encuentran autorizados no sólo en la prevención y persecución de delitos, sino también en su investigación y por lo tanto, se reconoce la validez constitucional.

El pleno también avaló por unanimidad el artículo 148 del CNPP que establece la detención en flagrancia por delitos que requieran querella.

Casi al término de la discusión, el ministro Laynez se pronunció sobre el tema del aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras, el cual sí requiere de autorización judicial.

La CNDH manifestó que el artículo 242 del código vulnera las garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, audiencia previa, protección de inherencias arbitrarias y derechos de propiedad privada.

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