La FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) avanzan en la integración de las carpetas de investigación que imputa a la presidenta municipal de Cancún, Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, con presuntos movimientos financieros ilícitos y donde involucró a su familia.

La alcaldesa de Cancún, aspira a la gubernatura, pero tiene tres carpetas de investigación por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y abuso de autoridad. 

Estas son  FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/0000372/2020, FED/FECC/FECC-QR/634/2020 y FED/FECC/FECC-QR/538/2020, además de María Elena los investigados son su esposo, Omar Terrazas García, sus hijos Daniel y Omar, así como su hermano Miguel Ángel Lezama Espinosa.

En cinco años la familia incrementó su patrimonio de manera inexplicable al amparo del cargo de María Elena Lezama por lo que también es investigada por corrupción. 

A través de la empresa Desarrolladora Cumpal, constituida en 2016 con un capital de 50 mil pesos y en la que tienen participación su esposo, su hermano y sus hijos, han adquirido bienes con un valor comercial total de 75 millones de pesos.

De acuerdo con la relatoría de los denunciantes Flor Tapia Pastrana de la asociación civil Opus Magnum, y Monseju A.C., dicha empresa adquiere las propiedades y las registra con precios subvaluados. 

La familia Lezama también ha adquirido vehículos de lujo con pagos de contado como su hijo Omar Terrazas Lezama que en julio de 2019 adquirió un vehículo Mercedes Benz modelo CLA 250 Sport con un valor aproximado de 600 mil pesos, y su esposo Omar Terrazas García pagó de contado un Mercedes Benz GLE 43 Coupe con un valor aproximado de 1.4 millones de pesos. 

Se menciona en la denuncia que, a cambio de declinar a la candidatura por la alcaldía de Cancún en 2016, María Elena Lezama recibió alrededor de seis concesiones para taxis para operar en el puerto, se les relaciona directamente con por lo menos 17 propiedades en Quintana Roo, sin embargo, podrían tener más a través de prestanombres. Desde entonces no ha quedado claro cómo incrementó su patrimonio ya que con los ingresos como servidora pública no corresponden a lo gastado en sus bienes. 

También han solicitado al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que se investigue el probable fraude fiscal de la empresa Desarrolladora Cumpal, de la familia Lezama, por las operaciones realizadas del subvalúo de los predios que han adquirido.