Las instituciones bancarias del país advirtieron a los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República que es importante contar con un marco regulatorio sólido para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Durante la realización de un Parlamento Abierto para analizar las reformas sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, los representantes del sector financiero señalaron que la regulación debe actualizarse conforme a los estándares internacionales y fortalecer su efectividad sin generar cargas desproporcionadas para las actividades económicas.
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El Parlamento Abierto, se realizó, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, tras la entrega de las iniciativas de reforma en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, después de que diversas organizaciones civiles solicitaron ser escuchadas.
Durante el Parlamento Abierto sobre el Análisis y Discusión de las Reformas para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, Corral Jurado señaló que el objetivo es fomentar la discusión, intercambiar ideas y transparentar el proceso legislativo. Indicó que se busca recoger observaciones y propuestas para fortalecer el marco legal y lograr una reforma integral.
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En este sentido, José Luis Stein, director ejecutivo de Prevención de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC y coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que la iniciativa es relevante para la banca mexicana, ya que una regulación robusta es fundamental para evitar la integración de recursos ilícitos al sistema financiero. Agregó que, desde la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en 2012, no ha habido modificaciones periódicas para incorporar estándares internacionales y atender áreas de oportunidad identificadas en la práctica.
Por su parte, Gabriel Ibarra Hernández, director de Cumplimiento Filiales de BBVA México y miembro de la ABM, señaló que la iniciativa debe fortalecer tanto el cumplimiento técnico como la efectividad en el combate al lavado de dinero.
En este sentido, indicó que los artículos transitorios deben precisar lo relativo a los sujetos obligados para evitar duplicidades con la legislación vigente y evitar posibles estados de indefensión.
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En tanto, Francisco Ernesto Patiño Richarte, asociado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, propuso establecer con claridad quiénes serán los sujetos obligados y capacitar a los encargados de hacer cumplir la ley.
En este sentido, sugirió que los capacitadores estén certificados por organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que se definan con precisión los momentos en los que se realizan los actos u operaciones sujetos a regulación, dado que la ley actual solo contempla la liquidación o la firma del contrato.
Finalmente, Fernando Lascurain Farell, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos A.C., indicó que la reforma debe garantizar efectividad sin generar un aumento desproporcionado en las obligaciones para las actividades y profesiones financieras no designadas y destacó la importancia de fortalecer presupuestalmente a la UIF para mejorar sus capacidades en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.