En sólo unas semanas, la política mexicana volvió a mostrar su rostro más sucio: narcopolíticos prófugos, instituciones señaladas por narcolavado y gobernantes usando la ley para callar críticos. Todo al mismo tiempo. Un retrato crudo de cómo el poder protege a los suyos, castiga al incómodo y encubre al criminal.
Barrer
A mediados de julio, Adán Augusto quedó en el ojo del huracán tras revelarse que su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, tenía orden de arresto por presuntos vínculos con La Barredora, grupo del crimen organizado dedicado al huachicol, drogas y trata de personas.
Desde entonces, “ha salido la pudrición”, como lo dijo José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno de Tabasco. La red apunta lejos.
Se sabe que Bermúdez tenía antecedentes criminales desde los tiempos de la Dirección Federal de Seguridad. Aun así, fue nombrado jefe policial. Según fuentes periodísticas, Adán Augusto fue advertido de su historial. No importó.
También se revelaron intentos de negocios ilícitos con el Tren Maya, empresas registradas por Adán Augusto como notario y una red familiar encabezada por el hermano del exfuncionario, Humberto Bermúdez, quien adquirió un departamento de lujo en Miami, valuado en 1.3 millones de dólares, en el mismo domicilio fiscal de firmas ligadas a Genaro García Luna.
Mientras tanto, Hernán Bermúdez sigue prófugo. Y en Morena, nadie toca a Adán Augusto.
Lavar
Estados Unidos emitió el 25 de junio alertas contra Vector, CIBanco e Intercam, por considerarlas “una preocupación principal de lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides”.
Un escándalo que “no pudo” detectar Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cargo que ocupaba desde 2021, heredado por López Obrador.
Durante su gestión, Gómez convirtió a la UIF en un instrumento político: persiguió a enemigos, ignoró casos de lavado y abandonó investigaciones pasadas.
La omisión más grave: no actuar ante las advertencias que Estados Unidos hizo. Salió por la puerta trasera para encabezar la nueva Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.
Por cierto, ¿hoy quién le pide cuentas a Alfonso Romo? Nada se sabe del presidente honorífico de Vector y exasesor económico de López Obrador.
Censurar
En paralelo, el obradorismo ha entrado en una etapa más peligrosa: usar la ley para censurar la crítica.
Ejemplo claro: el caso de Karla Estrella, ciudadana sancionada por criticar a una diputada del PT en redes sociales. La sanción: disculpa pública por 30 días, capacitación en género, multa e inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género… hasta 2027. Pero no fue la única.
Una jueza, tras una denuncia de Layda Sansores, prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna referirse a ella. Incluso asignó censores judiciales para revisar sus textos antes de publicarse.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta impulsó una ley que tipifica el “ciberasedio”. La prensa la llama ley censura. En el Senado, Gerardo Fernández Noroña obligó a un abogado a disculparse públicamente por una discusión en el AICM.
En Tamaulipas, el Instituto Electoral ordenó al periodista Héctor de Mauleón retirar una columna que señalaba a la ahora presidenta electa del Tribunal Superior local por presuntos vínculos huachicoleros.
Sí, todavía en México el poder político barre a los enemigos, lava a los aliados y censura a quien lo denuncia.
El dato incómodo
En julio, México “creció” 1.2 millones de empleos formales… pero no por nuevos trabajos. Fue por la afiliación de repartidores y choferes de apps al IMSS. El gobierno convertirá un registro contable en una victoria política aun cuando estos empleos ya existían.
