Este viernes 10 de enero, Bertha María Alcalde Luján asumió el cargo de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México para un periodo de cuatro años, tras pasar el proceso de elección ante el Congreso capitalino y el Consejo Judicial Ciudadano.

Durante su gestión, la nueva fiscal se comprometió a mejorar los procesos de investigación de los delitos, fortalecer el servicio profesional de carrera, optimizar la atención a víctimas y grupos prioritarios, combatir los delitos relacionados con violencia de género, hacer uso eficiente de tecnologías de la información para ampliar los canales y modalidades de denuncia, reducir el rezago en la atención de casos e implementar mecanismos de evaluación del desempeño del personal.

Aseguró que el compromiso de la dependencia con los capitalinos es combatir la impunidad y actos de corrupción, así como modernizar los procesos para construir una institución más cercana, eficiente y transparente.

Estudios y experiencia

Bertha María Alcalde Luján es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York.

Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y el servicio público, especialmente en el área penal. Ha ejercido como abogada litigante, docente en el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como asesora en la reforma del Sistema de Justicia Penal.

En su experiencia como servidora pública, ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan abogada general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, comisionada de operación sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Además, participó en el diseño institucional de la Guardia Nacional, la creación del Registro Nacional de Detenidos, en la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el combate a la corrupción y la ejecución de programas contra medicamentos falsificados y clínicas clandestinas.