PATRICIA RAMÍREZ
Conscientes de que la violencia económica puede pasar desapercibida en los hogares, debido a que no deja un rastro tan evidente como las agresiones físicas, diputadas locales impulsan una iniciativa para garantizar el derecho de las personas, principalmente las infancias, a recibir alimentos.
La iniciativa conocida coloquialmente como Ley Sabina, que será discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, establece sanciones de seis meses a tres años de prisión y una multa de 150 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y privación de derechos familiares, a quien abandone a una mujer o persona con capacidad de gestar con la que ha tenido relaciones sexuales y como resultado de ello se ha producido un embarazo.
Esta Ley Sabina fue bautizada así por una pequeña con ese nombre, cuya madre encabezó la lucha para hacer reformas legales que obliguen a los deudores alimentarios a cumplir con sus obligaciones.
La diputada de Morena Ana Francis López Bayghen, presentó la iniciativa para reformar los Códigos Penal y Civil del Distrito Federal que busca reducir de 90 a 30 días el tiempo en el cual la persona deudora alimenticia debe cumplir su responsabilidad, al considerar que el no cumplimiento de la entrega de los alimentos a tiempo implica que la persona menor de edad no está recibiendo los elementos que necesita para un sano y armónico desarrollo.
Explicó que dos de cada tres hombres no pagan la pensión alimenticia correspondiente para sus hijos, por lo que la pensión alimenticia sería el mínimo indispensable para el desarrollo de las niñas y los niños.
La propuesta respaldada por las diputadas Alejandra Méndez, Marcela Fuente, Nancy Núñez, Valeria Cruz, Valentina Batres y Xóchitl Bravo, que conforman el Aquelarre de Donceles, refirió que de acuerdo al Inegi 35 millones de familias mexicanas son encabezadas por mujeres, lo cual refleja un problema sistémico de ausencia por parte de los padres y falta de alimentos para los infantes.
“No va haber otra manera de que corrijamos el problema de violencia intrafamiliar hasta que la mujer no tenga a su hijo consigo y tenga los recursos económicos para que su hijo crezca en paz”, subrayó.
Diana Luz Vázquez, que encabeza la Patrulla Feminista, principal impulsora de la Ley Sabina, agradeció la sororidad y acompañamiento de las legisladoras, de quienes dijo, “están legislando ahora desde la perspectiva femenina, que tanta falta hace en este país, donde, tras la pandemia, las estadísticas indican que creció el número de divorcios empeorando la situación de muchas familias, ya que, de 10 divorcios, 7 papás no están cumpliendo con la pensión alimenticia”.
Apuntó que la falta de pago de las pensiones representa una violación a los derechos de la niñez, y constituye también una forma de violencia contra las mujeres, la violencia económica y el reforzamiento de las masculinidades hegemónicas. Esto se reproduce en el ámbito familiar como una forma de control en contra de las mujeres; se muestra a través de la agresión producida por la persona que tiene el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o incluso la decisión de privar de recursos.
Las legisladoras acotaron que hay un importante incremento de las demandas en materia alimenticia, el Informe de la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señala que en el 2021 el número de expedientes ingresados en materia familiar, en el tema de alimentos, fue de 6 mil 102, lo que en comparación con los resultados del 2020, en donde había 4 mil 575, lo que representa un aumento del 33 por ciento.
La violencia económica es una manifestación de la violencia de género y una de sus dimensiones es la falta de pago reiterada e injustificada de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio en favor de la mujer y/o de sus hij@s. Así, este tipo de violencia tiene cifras alarmantes: 13.4 millones de mexicanas la han padecido en algún momento de su vida, es decir, 29 por ciento del total de mujeres de 15 años o más, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.
En países europeos como Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega del este y Finlandia, el Estado adelanta las cuotas alimentarias. En España se les retiene su salario, las devoluciones de impuestos, hay embargo de cuentas bancarias y bienes, detracción de prestaciones de la seguridad social y hasta prisión. Estados Unidos sanciona a los padres con no renovar su licencia de conducir, cierre de cuentas bancarias, impedimento de acceder a su jubilación y, en caso de reembolso de impuestos, los intercepta para cubrir la deuda. En Latinoamérica, Uruguay, El Salvador, Colombia y Ecuador les prohíben la salida del país.
La propuesta de las organizaciones feministas mexicanas precisa que las pensiones comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad.
Respecto de las personas menores de edad señala, además, los gastos para la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su circunstancias personales; así como para garantizar su recreación, calidad de vida y dignidad, retomando lo aplicable del Código Civil Federal.
Asimismo, en esta iniciativa de Deudores Alimentarios se establece que no podrán ser personas servidoras públicas, de la CDMX, quienes se encuentren en los Registros de Deudores Alimentarios y de Agresores Sexuales a menos que se acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente.
Esta propuesta legislativa busca también que los hombres se hagan responsables en el ámbito del ejercicio de su sexualidad y reproducción, no solo por un aspecto ético, sino también para que se reconozca como una cuestión de corresponsabilidad social, ya que sus actitudes y comportamientos, especialmente en la esfera sexual, tienen con frecuencia un impacto negativo en la salud y el bienestar general de las mujeres, al no tomar en cuenta sus necesidades, y poniéndolas en riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, y embarazos no deseados, delegando en ellas los costos físicos y emocionales del cuidado y atención de l@s hij@s que resultan de la relación.
