La negativa, los retrasos y los condicionamientos para obtener una factura al realizar una compra o consumir un servicio continúan como una práctica recurrente en establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, lo que limita la comprobación de gastos, el acceso a deducciones fiscales y la posibilidad de presentar reclamaciones formales.

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Ante este problema, el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra presentó una iniciativa en el Congreso capitalino para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles, con el fin de garantizar la emisión inmediata de comprobantes fiscales.

La propuesta plantea modificar los artículos 10 y 66 de dicha ley para obligar a los negocios a proporcionar, en el momento de la operación comercial, los medios necesarios para que las personas consumidoras puedan facturar sin obstáculos ni demoras.

El legislador señaló que actualmente muchos establecimientos niegan la factura, la condicionan o solicitan a los clientes regresar en otro momento o enviar solicitudes por correo electrónico que no se atienden, prácticas que afectan de manera directa a quienes requieren comprobar gastos.

Señaló, en la propuesta que fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local para su análisis y eventual dictaminación, que la iniciativa también busca establecer medidas de atención que eviten prácticas dilatorias y cualquier obstáculo indebido en la entrega del comprobante fiscal, a fin de asegurar que el proceso sea claro y accesible desde el momento de la compra.

Indicó que la falta de facturación tiene efectos directos en la economía de las personas consumidoras, al impedir la comprobación de gastos, limitar el acceso a deducciones fiscales y dificultar la presentación de reclamaciones formales.

Añadió que esta situación impacta principalmente a trabajadores independientes, pequeños empresarios y profesionistas, así como a personas que requieren acreditar consumos, entre ellos padres de familia y adultos mayores.

El diputado sostuvo que la emisión de una factura no constituye una concesión de los establecimientos, sino una obligación legal, y advirtió que su incumplimiento favorece prácticas de opacidad, evasión fiscal y competencia desleal.

Finalmente, indicó que la iniciativa busca eliminar mecanismos discrecionales en los comercios y cerrar espacios que permiten la simulación en la entrega de comprobantes fiscales, con el objetivo de garantizar su expedición de manera oportuna y sin condicionamientos.