POR URBANO BARRERA
Durante mayo y junio de este año todos los reguladores estatales de seguridad privada del país normaran criterios para entrar a la legalidad antes de que concluya 2022.
Y es que, el Gobierno federal recibe un promedio de 300 trámites diarios de solicitud de registro de empresas de seguridad privada, muchas de ellas “patito”.
De acuerdo al director General de Seguridad Privada de la SSyPC, Ignacio Hernández Orduña, el gobierno de la República es el más interesado en la regularización de todas las empresas de seguridad privada y por ello antes de que concluya el año deberán estar reglamentadas.
Además, se tiene prevista para finales de 2022 la nueva Ley General de Seguridad Privada, que actualmente se encuentra en estudio en comisiones de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, ya no habrá pretexto para trabajar fuera de la ley, incluso en la clandestinidad.
En México operan de manera irregular al menos 3 mil 500 empresas privadas de seguridad, además de los servicios de custodia.
El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), sostiene que entre las regulares e irregulares trabajan en México unas seis mil empresas.
Entre todas aglutinan a más de 500 mil empleados operativos, más los administrativos y de apoyo.
Pese a ello, la población se siente insegura y los delitos del fuero común y federal sólo están contenidos y en muchas ocasiones van a la alza.
En 2021 de acuerdo a reportes del INEGI el 68.1 por ciento de la población asegura que se siente inseguro o ha sido víctima de alguna agresión.
Aun con el ejército de guardias o custodios privados, en 2007 se registraron 8 mil 867 homicidios dolosos, para 2008 la cifra se incrementó a 14 mil 6 y en 2011 fue de 27 mil 213.
De 2013 a 2016 bajó ligeramente ese indicador, para 2018, el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, llegó a 36 mil 685.
En 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de homicidios dolosos subió todavía más, a 36 mil 666.
Para 2020, con todo y la pandemia de la Covid-19, que supuso un confinamiento nacional, se registraron 36 mil 567 homicidios dolosos.
A esta situación debe agregarse que la mayoría de las empresas de seguridad privada, no otorgan las prestaciones de ley.
Algunas pagan impuestos, cuotas del Seguro Social e Infonavit, y muchas no.
Urge normar a las policías que realizan servicios privados, pero son pagadas por nóminas gubernamentales como ocurre en todo el Valle de México.
Se trata de policías pagados con los impuestos de los ciudadanos, pero las corporaciones a las que pertenecen venden el servicio de custodia y vigilancia a empresas privadas, advierten empresarios del ramo que operan en forma legal.
En el análisis que hace la Cámara de Diputados se revisa evitar tramitología excesiva y no obligar a una especialización de primera instancia, sino gradual.
El 11 de marzo pasado, el Senado de la República aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución realizada por la Cámara de Diputados para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Seguridad Privada. Con esa legislación pendiente se busca establecer las reglas y constituir la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada que operan en el país.
Ahora, se esperan las directrices para lograr la coordinación de esos prestadores de servicio o de lo contrario habrá, aún más problemas para la seguridad y custodia en el país.
