Buscan reconocer legalmente a madres buscadoras como víctimas directas

La propuesta plantea brindar protección, atención y reparación integral a familiares de personas desaparecidas y a sus colectivos



Foto: Cuartoscuro.com

Con el objetivo de que se reconozca legalmente como víctimas directas de delitos y violaciones a derechos humanos a las Madres Buscadoras y sus colectivos, el senador del PRI, Pablo Angulo Briceño, presentó una iniciativa para reformar los artículos 4 y 9 de la Ley General de Víctimas.

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La propuesta busca que familiares de personas desaparecidas —madres, padres, hijos, abuelos y hermanos— sean considerados víctimas directas, y que los colectivos de familiares cuenten con reconocimiento legal pleno para acceder a medidas integrales de protección, atención y reparación por parte del Estado mexicano.

“Es necesario que el Estado brinde efectividad a las madres en su reconocimiento como víctimas, en un entendido eficiente y capaz de brindarles las medidas necesarias, como se acredita en el marco jurídico”, señala el legislador en las argumentaciones.

Resalta también que el papel fundamental de las Madres Buscadoras ha sido el visibilizar la desaparición forzada en México y denunciar la violencia sistemática en su contra.

Entre 2021 y 2024, 22 personas buscadoras fueron asesinadas; 15 durante la actual administración y 8 eran mujeres, precisó.

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Por ello, el legislador indicó que uno de los cambios propuestos amplía la definición de víctima directa, incluyendo también a familiares consanguíneos y por afinidad, sin limitación de grado en línea recta.
Asimismo, establece que las víctimas familiares tendrán derecho a medidas amplias de asistencia y atención por parte de la Federación y las entidades federativas.

Sostuvo que los colectivos, por su parte, contarían con mecanismos, recursos y medidas integrales en materia de protección, seguridad, y atención política, económica, social y cultural.

La iniciativa se enmarca en los compromisos internacionales de México, particularmente en el cumplimiento del Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que promueve la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones.