PILAR MANSILLA
Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com
Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República dictaminará la minuta que envió la Cámara de Diputados para que se reconozca, combata y prevenga la discriminación laboral por motivos de maternidad y embarazo.
Una vez que la Mesa Directiva del Senado turnó a este órgano legislativo la propuesta, los senadores analizarán la propuesta en la que se establece que se reconozca como violencia laboral y docente la discriminación contra la mujer por motivos de maternidad, embarazo o lactancia, lo que incluye amenazas, humillaciones, intimidación o explotación, entre otras conductas indebidas.
De acuerdo con la reforma, lo que se busca que los ministerios públicos tendrían que tomar la maternidad y el embarazo como una necesidad particular para proteger a mujeres víctimas de un delito, mientras que las órdenes de protección administrativas igualmente deberán contemplar el apoyo médico, psicológico y legal para las mujeres víctimas de discriminación por embarazo.
En tanto que, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le correspondería instrumentar un registro sobre los casos de discriminación, con lo que se podrían identificar las conductas negativas en contra de mujeres embarazadas, en situación de maternidad o lactancia, así como los perfiles de quienes las hayan agredido.
También se indica que, con el objetivo de prevenir este tipo de discriminación en todas las entidades federativas, se implementen programas y cursos especializados para que ministerios públicos, peritos y el personal que atienda a víctimas, tomen en cuenta la violencia por motivos de embarazo, maternidad o lactancia, considerando a las mujeres embarazadas como grupo de atención prioritario.
De acuerdo con los argumentos presentados para que la reforma sea aprobada en el Senado de la República, una vez que la dictaminen las Comisiones Unidas, se señala que 21.7 por ciento de las mexicanas reconoció haber vivido alguna situación de discriminación laboral durante el último año, de acuerdo la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
De acuerdo con el INEGI , al cuatro por ciento de las mujeres encuestadas refirieron que se le pidió una prueba de embarazo como requisito para trabajar o en su caso poder continuar en un empleo, mientras que el 0.6 por ciento fue discriminada por estar embarazada, por lo que se le despidió, no le renovaron su contrato o le bajaron el sueldo.
