El pleno de la Cámara de Diputados aprobó finalmente la reforma energética propuesta en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que da marcha atrás a la reforma energética de 2013.

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Luego de dos intentos de hacer pasar las modificaciones en materia del manejo del sistema energético nacional rechazadas, ya con la mayoría calificada en esta Legislatura la propuesta fue avalada en los términos en los que presentó el expresidente en el marco del Plan C.

Tras una larga lista de oradores, los legisladores federales de Morena, Partido del Trabajo y Morena dieron luz verde la reforma constitucional con 353 votos a favor y 122 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y se aprestaban para desahogar los cientos de reservas que se presentaron al dictamen.

La reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución busca recuperar el carácter público de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), eliminando la categoría que se les había asignado de empresas productivas, lo cual limitaba su actuación frente a las empresas privadas.

Respecto al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se establece que ningún caso, particulares tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuyo principal objetivo es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

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Se establece que el Estado asumirá la responsabilidad de la transición energética, implementando políticas para reducir las emisiones contaminantes y promover el uso sostenible de las fuentes energéticas nacionales. En ese sentido, se plantea la planificación y el control estatal del sistema por lo que se garantiza el suministro a toda la cadena de valor con un enfoque en seguridad y autosuficiencia energética.

Asimismo, se aclara que las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva no constituirán monopolios y se pretende fortalecer a la CFE y Pemex para que tengan un papel central en el sector energético del país.

La reforma constitucional determina también que en materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, el Estado permitirá la participación de las empresas privadas, pero en ningún caso tendrá prevalencia sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La partición del Estado continuará con 54 por ciento de la generación eléctrica, mientras que empresas privadas aún podrán distribuir 46 por ciento de la electricidad que se utiliza a nivel nacional, mediante planeación y esquemas claros en los que se prioricen las necesidades del pueblo de México, así como la sustentabilidad.

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También se incluye la regulación en el uso del litio, el cual será reservado para uso del Estado, lo cual se establecerá en el artículo 27. Mientras que, el artículo 28 especificará que el litio y el internet que se provea a través del Estado no podrán ser parte de ningún tipo de monopolio, derivado de que sus funciones son áreas estratégicas del Gobierno de México.

Tercer intento

En 2018, recién llegado al gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió esta misma reforma constitucional a la Cámara de Diputados, pero no logró alcanzar la mayoría calificada para avalarla, por lo que el tema quedó en el limbo.

En 2021, el presidente lo intentó de nueva cuenta, esta vez a través de una reforma secundaria a la Ley de la Industria Eléctrica, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora, con una nueva conformación del Congreso de la Unión y mayorías calificadas en ambas cámaras, está vez la reforma constitucional sí pasará, aunque seguramente habrá recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que sin embargo está todavía enfrascada en la Reforma Judicial.

Agrio debate

Durante el debate el morenista Ignacio Mier Bañuelos consideró que al aprobar la reforma se preservará la seguridad y la autosuficiencia energética al menor precio posible; es decir, ya no más lucro con la energía. “Hoy se tiene la oportunidad histórica de acuñar, con el voto a favor, un nuevo episodio en la vida pública y ser recordados porque se fortaleció la rectoría del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio del pueblo”, dijo.

Pero el panista osé Guillermo Anaya Llamas advirtió que entre las consecuencias negativas que se darán con la reforma son: mayor inflación, aumento a la canasta básica, el recibo de la luz, la gasolina y combustibles más caros. “Con esto, el monopolio del Estado lo único que tendrá es más corrupción, más ignorancia y, por supuesto, en perjuicio de las y los mexicanos. Acción Nacional va a votar en contra de estas arbitrariedades”.

Del PT, el diputado Pedro Vázquez González indicó que hoy se está haciendo justicia para el pueblo de México y se devuelve al Estado el control de los recursos naturales, la transición energética y las telecomunicaciones; se garantiza el acceso equitativo a los servicios, previene monopolios y asegura la protección de los recursos y riqueza del país.