El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que fortalece el papel de la Armada en tareas de seguridad nacional, protección marítima y mantenimiento del Estado de derecho. Además, se fortalecen las acciones en el combate a actos ilícitos en el mar, a través del derecho de visita y de persecución en la zona económica exclusiva mexicana y en alta mar; protección a instalaciones estratégicas y prioritarias del país para el desarrollo nacional y participación en actividades para la ciberdefensa y ciberseguridad, para la conducción de las operaciones militares que se realizan en el ciberespacio, en colaboración con otras autoridades, así como el empleo de la inteligencia artificial.

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Con 344 votos a favor y 127 en contra fue avalada esta ley y fue remitida al Senado para su discusión. El objetivo de la legislación es adecuar puntos relativos a reestructuración de los niveles de mando, actualización de capacidades navales operativas, estratégicas, tecnológicas y de ciberseguridad; consolidación de la Autoridad Marítima Nacional y la armonización de la legislación nacional con los distintos instrumentos jurídicos internacionales aplicables.

Tiene a su cargo además realizar acciones para salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes, ejercer y vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva.

Al votar en contra, el diputado panista Hernando Castañeda, dijo que detrás del discurso de ayuda y protección, hay centralización de poder, desconfianza en los ciudadanos y una peligrosa obsesión del gobierno por controlarlo todo.

Diputados del PRI acusaron por su lado que esta ley elimina los candados que impedían el uso político de la Armada; sin supervisión legislativa efectiva, sin límites temporales claros, sin definición precisa de competencia, sin protocolos de los derechos humanos vinculantes.