Luego de 18 años, tras cubrir indemnizaciones a trabajadores, viudas y familias, el conflicto laboral de la Sección 65 concluyó como parte del Plan de Justicia para Cananea impulsado desde 2021 y retomado por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
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Desde Palacio Nacional, explicó que la solución no se limitó a un acuerdo económico, sino que atendió una deuda histórica de dignidad laboral, mediante la coordinación de la Secretaría del Trabajo, Hacienda y autoridades estatales, bajo el principio de que el Estado debe restituir derechos a quienes permanecieron excluidos del acceso a la justicia.
En paralelo, el gobierno federal presentó un plan de justicia ambiental para la cuenca del Río Sonora, afectada desde el derrame de sulfato de cobre ocurrido en agosto de 2014, con acciones de remediación de suelos, saneamiento del agua y fortalecimiento de los servicios de salud en comunidades ribereñas.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, detalló que el programa contempló estudios técnicos para identificar contaminación en suelos y sedimentos, confinamiento de residuos y restauración ambiental, con participación directa de las comunidades y acompañamiento académico.
En materia de agua, la Comisión Nacional del Agua instalará un sistema permanente de monitoreo con estaciones automáticas y un centro de visualización en tiempo real, además de la construcción y rehabilitación de plantas potabilizadoras y sistemas de desinfección para abastecer a más de veinte mil habitantes.
El componente de salud incluyó la reconversión del hospital comunitario de Ures en hospital regional, bajo operación de IMSS-Bienestar, con sesenta camas, consultorios de especialidad, atención intensiva y un laboratorio para metales pesados y toxicología.
El esquema financiero estableció una aportación de mil 500 millones de pesos por parte de Grupo México, además de recursos federales y estatales, para integrar un fondo destinado a justicia laboral, ambiental y social en Cananea y la cuenca del río.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño sostuvo que el acuerdo cerró heridas abiertas durante generaciones y envió un mensaje nacional sobre la capacidad del Estado para resolver conflictos prolongados mediante diálogo, legalidad y responsabilidad pública.
