Al afirmar que la investigación por huachicol fiscal vinculada con presuntas redes de contrabando de combustible sigue en curso, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre posibles responsabilidades individuales y sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República presentar pruebas y definir el alcance penal del caso.

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“Es muy importante que la fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible dentro de su investigación de por qué estas personas están involucradas, desde cuándo vino la denuncia y por qué la denuncia de la propia Secretaría de Marina frente a estas personas”, declaró la mandataria.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que recibió una carta de uno de los hermanos Farías, quien rechazó las acusaciones en su contra. La mandataria sostuvo que la definición jurídica compete al ministerio público. Agregó que la fiscalía debe explicar cuándo surgió la denuncia, por qué se integró el expediente y qué elementos vinculan a los investigados.

La presidenta describió el huachicol fiscal como la introducción ilegal de diésel a México sin pago de impuestos. Señaló que la red bajo investigación no se limita al ingreso del combustible, sino que también alcanza a empresas encargadas de mover y comercializar el producto dentro del país. Añadió que parte de los involucrados tienen doble nacionalidad, por lo que México solicitó extradiciones a Estados Unidos.

Atribuyó el origen de una parte de la investigación a una denuncia presentada por el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Indicó que ese señalamiento permitió abrir carpetas de investigación y sostuvo que, por esa razón, no existe una indagatoria contra el exmando naval.

Esta acción institucional, dijo, permitió detectar el buque involucrado en marzo pasado y desarticular los nexos operativos que facilitaban el ingreso del hidrocarburo ilegal al territorio nacional bajo esquemas de defraudación fiscal.

El Gobierno de México mantiene investigaciones abiertas sobre una red de huachicol fiscal dedicada al contrabando de diésel importado, un delito grave vinculado a la evasión de impuestos. En este esquema, se introducía combustible al país sin cumplir con las obligaciones fiscales, contando presuntamente con protección especial y el apoyo de diversas empresas nacionales para su comercialización.

Paralelamente, los operativos de seguridad han logrado resultados significativos en la neutralización de redes de contrabando de hidrocarburos operadas por grupos del crimen organizado, como el Cártel del Noreste en Nuevo León.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que utiliza inteligencia interinstitucional para asfixiar la capacidad económica de las organizaciones delictivas. El enfoque gubernamental subraya que el combate al huachicol no solo es una cuestión de seguridad operativa, sino también una medida necesaria para proteger la economía nacional y asegurar que los recursos energéticos no sean utilizados para financiar actividades ilícitas.