La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en el informe “Desapariciones en México 2026” que México enfrenta una crisis humanitaria marcada por el control territorial del crimen organizado, la impunidad y la colusión de autoridades, escenario que ha dejado 128 mil 713 personas desaparecidas, más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo del Estado y regiones enteras convertidas en corredores de desaparición, con Jalisco acumulando 15 mil 330 casos, Estado de México 14 mil 048 y Tamaulipas 13 mil 471 víctimas.

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El documento, elaborado con información recabada entre 2018 y 2025, señala que la desaparición en México impacta principalmente a jóvenes y adultos jóvenes. El grupo de 25 a 29 años concentra 14 mil 441 casos; el de 30 a 34 años suma 13 mil 592; mientras que entre personas de 20 a 24 años hay 13 mil 168 desaparecidos. En el caso de las mujeres, la mayor incidencia ocurre entre adolescentes de 15 a 19 años, con 6 mil 141 víctimas. A ello se suma que actualmente hay más niñas y adolescentes desaparecidas -9 mil 342- que niños y adolescentes hombres, que suman 8 mil 817 casos.

La CIDH sostuvo que existe coincidencia entre autoridades estatales, organizaciones civiles y organismos internacionales en que la desaparición de personas mantiene “una relación fundamental con la actuación del crimen organizado”, el cual opera en diversos contextos “en estrecha connivencia con agentes estatales”.

El informe advierte también que las desapariciones están vinculadas con dinámicas de reclutamiento de niños, adolescentes y hombres jóvenes por parte de grupos criminales, además de fenómenos de trata de personas, explotación sexual, trabajo forzado y control territorial.

Por lo anterior, la Comisión señaló que las víctimas ya no corresponden únicamente a perfiles específicos o a persecuciones políticas como ocurrió durante la llamada “guerra sucia”, sino que actualmente la desaparición puede afectar prácticamente a cualquier persona. Entre los perfiles identificados aparecen jóvenes reclutados por organizaciones criminales; mujeres y niñas víctimas de violencia de género y explotación sexual; personas migrantes sometidas a trata laboral o sexual; personas LGBTIQ+; periodistas desaparecidos por el ejercicio de su labor; y personas defensoras de derechos humanos atacadas mientras buscaban a familiares desaparecidos o denunciaban abusos.

La concentración de casos refleja además el peso que tienen ciertas regiones en esta crisis. Después de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, las entidades con más personas desaparecidas son Veracruz, con 7 mil 102 casos; Nuevo León, con 7 mil 006; Michoacán, con 6 mil 861; Sinaloa, con 6 mil 448; Ciudad de México, con 6 mil 116; Sonora, con 5 mil 130; Baja California, con 4 mil 098; y Chihuahua, con 4 mil 052 víctimas.

La CIDH identificó además zonas donde la incidencia de desapariciones está estrechamente vinculada con la operación del crimen organizado. Uno de los casos señalados es el denominado “Corredor del Pacífico”, integrado por Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde las desapariciones estarían relacionadas con las dinámicas criminales y el control territorial ejercido por grupos delictivos.

El informe también hace referencia a la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde se reporta un alto número de desapariciones de conductores de camiones, automovilistas, choferes de empresas privadas y sus acompañantes, incluidas mujeres, niñas y niños. La información retomada por la Comisión indica que autoridades de Tamaulipas reconocieron que al menos 200 personas desaparecieron en esa vialidad y únicamente 18 fueron localizadas con vida.

La dimensión de la crisis también alcanza a menores de edad. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 19 de agosto de 2025 México acumulaba 18 mil 192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos; de ellos, 51.35 por ciento correspondían a mujeres y 48.47 por ciento a hombres.

En el documento, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos incorpora casos emblemáticos que reflejan la violencia e impunidad que enfrentan las familias buscadoras.

Uno de ellos es el de María Guadalupe Barajas Piña, desaparecida el 29 de febrero de 2020 en Salvatierra, Guanajuato. Sus restos fueron localizados posteriormente en una fosa clandestina junto con otros 80 cadáveres. Durante la búsqueda de la joven, su hermano Javier Barajas Piña fue asesinado por personas vinculadas con la desaparición y sus padres tuvieron que desplazarse forzadamente del estado.

El informe también retoma el caso de la familia Trujillo Herrera. Raúl y Salvador Jesús Trujillo Herrera desaparecieron en agosto de 2008 en Atoyac, Guerrero; posteriormente, sus hermanos Gustavo y Luis Armando desaparecieron en Veracruz en 2010 mientras realizaban actividades comerciales para sostener económicamente a la familia.

La Comisión expone además el caso de Luis Ángel León Rodríguez, sargento de la Policía Federal desaparecido en Michoacán en 2009 junto con otros agentes y un civil tras una emboscada criminal. Su madre denunció posteriormente que, pese a encontrarse desaparecido, la corporación inició un procedimiento administrativo en su contra por supuesto abandono laboral.

Por ello, advirtió que la crisis se agrava por problemas estructurales en las investigaciones y en los procesos de búsqueda e identificación humana. Entre los principales desafíos identificó retrasos en investigaciones, deficiencias en las líneas de investigación, sobrecarga procesal, falta de coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda, bajos niveles de judicialización y altos índices de impunidad.

El organismo internacional sostuvo además que existe un importante déficit de confianza entre las familias de personas desaparecidas y las autoridades ministeriales, derivado de la falta de resultados y de la transferencia de responsabilidades hacia las propias familias, que en muchos casos terminan realizando labores de búsqueda, localización de fosas clandestinas y recopilación de pruebas.

La crisis forense representa otro de los puntos críticos. El informe señala que las iniciativas implementadas hasta ahora, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana, han tenido una efectividad limitada frente a la magnitud del problema.

Entre los casos citados aparece el de Braulio Bacilio Caballero, un adolescente de 13 años que murió atropellado en 2016 y cuyo cuerpo permaneció durante seis años en una fosa común debido a errores institucionales en el registro de identidad.

Desafíos institucionales y recomendaciones

Ante la problemática, la CIDH planteó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de búsqueda e identificación humana, reorganizar las investigaciones sobre desaparición, mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales y reforzar la protección de personas buscadoras y colectivos.

El organismo llamó además a colocar la prevención de las desapariciones como una prioridad explícita dentro de la estrategia nacional de seguridad, así como atender las causas que generan violencia y desapariciones en distintas regiones del país.

La Comisión advirtió sobre la necesidad de reducir la sobrecarga procesal que mantiene miles de expedientes rezagados, fortalecer fiscalías y comisiones de búsqueda, mejorar la judicialización de casos y combatir los altos niveles de impunidad que persisten en las investigaciones.

También pidió garantizar la aplicación uniforme de protocolos de búsqueda e investigación, fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda y mejorar la coordinación entre las instituciones de búsqueda y las autoridades de procuración de justicia.

En materia forense, la CIDH señaló la necesidad de fortalecer los centros de identificación humana, consolidar el Banco Nacional de Datos Forenses, mejorar el funcionamiento del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense e implementar mecanismos masivos de identificación humana frente a las más de 70 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar bajo custodia estatal.

La Comisión subrayó además la necesidad de garantizar la participación de familias y colectivos en los procesos de búsqueda, así como reforzar la protección de madres y personas buscadoras ante las situaciones de riesgo y violencia que enfrentan.

El organismo también pidió garantizar atención, rehabilitación y reparación integral para víctimas y familiares, además de desarrollar políticas de memoria y verdad frente a la crisis de desapariciones.

Asimismo, señaló que el Estado mexicano debe considerar en sus políticas de prevención y juzgamiento “el contexto de la criminalidad organizada en las desapariciones y los posibles indicios del involucramiento de agentes estatales” en distintos territorios del país, además de identificar y desmantelar redes de connivencia entre grupos criminales y autoridades.