María Elena Álvarez-Buylla dejó el gobierno, pero la herida que provocó en la comunidad científica sigue abierta. Su paso por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) no solo se recuerda por su visión ideológica y su pleito con el maíz transgénico, sino por la persecución de científicos, la desaparición de fideicomisos y el desastre administrativo que dejó.

Muchos creyeron que su salida y la llegada de Rosaura Ruiz a la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) marcarían un cambio. Pero la realidad golpeó rápido. En 2025, lo primero que llegó no fue apoyo, sino recortes. La persecución se detuvo, pero el abandono sigue.

LA ERA ÁLVAREZ-BUYLLA

Álvarez-Buylla no dirigió Conahcyt. Lo convirtió en un campo de batalla contra la comunidad científica. En 2021, 31 científicos fueron denunciados penalmente bajo acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. El caso fue un escándalo mundial.

Tres años después, la fiscalía perdió el juicio porque no había pruebas. Pero el daño estaba hecho: se sembró la idea de que los científicos eran corruptos, una narrativa útil para justificar el desmantelamiento del sector.

Después vino la desaparición de los fideicomisos. Más de 25 mil millones de pesos que debían financiar proyectos de investigación fueron redirigidos. Se prometió que la ciencia tendría más dinero, pero en los hechos, el dinero se fue a obras prioritarias como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Los proyectos que impulsó Conahcyt terminaron en fiasco. La vacuna Patria tardó cuatro años en aprobarse, cuando la pandemia ya había pasado, y peor aún, todavía no se distribuye. Los ventiladores para covid fueron más caros de lo previsto y de dudosa utilidad. La encuesta de consumo de drogas y adicciones para 2024, que costó 150 millones de pesos, tuvo que repetirse porque su metodología era inservible.

Y luego estuvo el pleito con el CIDE. El nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como director desató protestas, marchas y tomas de instalaciones. La comunidad exigió diálogo, pero Álvarez-Buylla los ignoró y desde la mañanera los acusó de estar al servicio de intereses oscuros. Sin pruebas, sin argumentos.

LA ERA SHEINBAUM-ROSAURA RUIZ

Cuando Claudia Sheinbaum anunció la transformación de Conahcyt en una secretaría de Estado, se interpretó como una señal de que la ciencia tendría mayor relevancia. Pero el primer golpe llegó con el Presupuesto 2025: 3.8% menos recursos para la nueva secretaría. 11% menos para los centros públicos de investigación. Ochocientos cuarenta y nueve millones de pesos menos para salarios y estímulos académicos. Reducción del 12.2% para el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que ya estaba en crisis.

El CIDE recortó plazas y dejó sin contrato a investigadores. Otros centros han reducido pagos de estímulos, cancelado becas y suspendido proyectos. Hay equipos científicos sin mantenimiento, edificios en deterioro y una fuga de talento cada vez más evidente.

El argumento oficial es que no hay despidos. Pero el resultado es el mismo: menos recursos significan menos investigadores y menos proyectos.

CERRAR LA HERIDA

El gobierno de López Obrador dejó una relación rota con la comunidad científica. La persecución terminó, pero la indiferencia sigue. Sheinbaum tiene el perfil de una presidenta científica, pero hasta ahora, su política sigue la misma lógica que la de su antecesor: ver la ciencia como un gasto y no como una inversión.

La diferencia es que ahora no hay un pleito abierto con los científicos. No los acusan de delincuentes, pero tampoco les dan los recursos que necesitan. El discurso ha cambiado, pero el presupuesto dice otra cosa. Y sin dinero ni autonomía, la ciencia mexicana seguirá siendo rehén de la austeridad y de la política.