La presidenta Claudia Sheinbaum negó violaciones a derechos humanos tras la denuncia presentada por Ricardo Salinas Pliego ante la CIDH y sostuvo que el caso corresponde a un procedimiento fiscal firme, validado por la Suprema Corte, que debe resolverse conforme al Código Fiscal.

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Afirmó que no existe persecución política ni violación a derechos humanos en el caso del empresario, quien acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar presuntas acciones del gobierno federal en su contra.

Durante la conferencia, la mandataria sostuvo que el asunto correspondió exclusivamente a un requerimiento fiscal formulado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual ya contó con una resolución definitiva del Poder Judicial, sin que se acreditaran irregularidades en el proceso.

Sheinbaum explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los amparos promovidos no resultaron procedentes, por lo que quedó firme la resolución emitida por el último tribunal colegiado que conoció del caso.

La presidenta indicó que dicha resolución estableció un monto que debía cubrirse conforme a la ley, con la posibilidad de ajustes dependiendo de la modalidad de pago, tal como lo previó el Código Fiscal de la Federación vigente.

Respecto a los plazos, aclaró que no se trata de un ultimátum, sino de tiempos legales derivados de la notificación formal, tras la cual las empresas involucradas contaron con un periodo para acercarse a la autoridad fiscal y definir la forma de cumplimiento.

Sheinbaum señaló que la legislación permitió que el pago pudiera estructurarse en parcialidades, por lo que el siguiente paso consistió en que los contribuyentes acudieran al SAT para determinar el esquema correspondiente, conforme a lo que marcó la ley.