MÉXICO, D.F., 29ENERO2009.- Más de un millón 300 mil usuarios de tarjetas de crédito dejaron de pagar sus adeudos por falta de recursos económicos, como resultado del sobreendeudamiento, la contracción del empleo y el menor poder de compra, entre las principales causas, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El índice de morosidad en crédito al consumo se elevó el año pasado en 97 por ciento respecto de 2006, por lo que al menos ocho bancos que operan en México anunciaron el lanzamiento de un programa de renegociación de adeudos, el cual incluye plazos de pago hasta de cinco años, reducción de tasas en tarjeta de crédito hasta de 60 por ciento, entre otras medidas. Al cierre de 2008 la cartera vencida sumó 31 mil 664 millones de pesos, de los cuales alrededor de 80 por ciento corresponden a tarjetas de crédito.
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El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado de servicios de procesamiento de pagos con tarjeta, que son realizados sólo por dos Cámaras de Compensación; al mismo tiempo, hizo recomendaciones al Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y ordenó a dichas Cámaras la implementación de programas de cumplimiento, así como la designación de oficiales que verifiquen la implementación de éstos.
Pero además, observó de un cobro más alto de comisiones por el pago con tarjetas en México que asciende a 1.36%, que en otros países, como los europeos donde apenas se paga 0.2 por ciento.
En este sentido, al dar a conocer el resultado de su investigación, la Comisión acusó que estas condiciones contribuyen a la exclusión del sistema financiero de los grupos más vulnerables y las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a que no pueden asumir el pago de altas comisiones.
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El servicio de procesamiento de pagos con tarjeta permite a los clientes pagar bienes o servicios a un comercio; las transacciones inician cuando un consumidor paga con tarjeta mediante una terminal punto de venta (TPV), a través de la que se pide autorización al banco que emitió la tarjeta utilizada. Si el banco emisor avala la compra, el comercio recibe el monto correspondiente.
Para que eso suceda, existe un servicio electrónico que permite la comunicación entre los bancos involucrados y el pago en favor del comercio (en cada transacción es cobrada una comisión); este servicio es ofrecido por las denominadas Cámaras de Compensación.
La Comisión observó que en México, las comisiones pagadas entre los bancos por la operación del sistema de pagos con tarjeta son de 1.36% en promedio, mientras que en naciones europeas son de apenas 0.2%, es decir, son seis veces más altas en nuestro país.
Pero, “de corregirse los efectos anticompetitivos identificados por la Cofece, se detonaría un mayor dinamismo en el consumo, incentivaría la formalidad y aumentaría la inclusión financiera”.
Y es que sostuvo que el acceso y uso de los servicios financieros promueve el ahorro y la planeación financiera de las personas y permite mejorar la administración de sus recursos; asimismo fomenta la economía formal, disminuye el riesgo de pérdida o robo y promueve el desarrollo económico”, aseguró el organismo.
Durante la investigación, la Cofece identificó que sólo operan dos Cámaras de Compensación: E-Global y Prosa; y durante este periodo, se encontraron dos agentes económicos – MasterCard México, S. de R.L. de C.V. (MC); y, Visa México Servicios de Procesamiento, S. de R.L. de C.V. (VISA)- que, derivado de las barreras a la competencia, no habían podido prestar los servicios de Cámara de Compensación a pesar de contar con los permisos correspondientes.
Con base en el contenido y las conclusiones de la investigación, el Pleno de la Cofece determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en el servicio de procesamiento de pagos con tarjeta proporcionado por las Cámaras de Compensación, por una excesiva concentración en el mercado al sólo existir dos proveedores.
Asimismo, el ecosistema regulatorio tiende a favorecer el status quo en beneficio de las Cámaras de Compensación que ya operan en el mercado, dificultar la entrada de nuevos competidores y, adicionalmente, imposibilitar la innovación y diferenciación de sus servicios a través de la aplicación de sus propias reglas de operación y la determinación de las comisiones más competitivas.
La Comisión sostuvo que las Cámaras de Compensación son propiedad de los propios bancos, quienes a su vez emiten tarjetas o proveen TPV, lo que genera estructuras que podrían facilitar comportamientos anticompetitivos en mercados relacionados.
Con el fin de eliminar las barreras y restaurar las condiciones de competencia efectiva de este mercado, recomienda que el Banxico y la CNBV modifiquen la normativa con la finalidad de que sean ambas instituciones y no los agentes económicos participantes, quienes garanticen la interoperabilidad de las redes de pago con tarjeta.
También, que se dejen de fijar de manera consensuada las Cuotas de Intercambio (que forman parte de las comisiones) a manera de que no sean las mismas para todos los participantes y así puedan competir.
Que el Banxico y la CNBV modifiquen la fórmula para la determinación de las Cuotas de Intercambio tomando en cuenta, entre otros, los costos de operación del sistema, los incentivos para la reducción de costos operativos y la promoción de la inclusión financiera.
Señala que el Banxico debe modificar la normativa necesaria para garantizar el enlace de los sistemas de procesamiento y la imparcialidad en la certificación que permite la comunicación entre las Cámaras de Compensación nuevas y existentes; y que establezca reglas, mecanismos y protocolos para el tratamiento de la información al interior de las Cámaras, a fin de mitigar los riesgos de colusión entre los bancos.
Por otro lado, el instituto central y a la CNBV, deben analizar la pertinencia de regular los requisitos y cualidades que deben tener los miembros del Consejo de Administración de las Cámaras de Compensación para evitar que su participación en un banco, agregador, titular de marca u otra Cámara de Compensación, afecte el desempeño de sus funciones y facilite conductas anticompetitivas; así como que E-Global y Prosa diseñen, implementen y difundan entre su personal y sus accionistas, un programa efectivo de cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica y designen un oficial de cumplimiento para dar seguimiento al programa.
