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Suponer que el gobierno puede ser autosuficiente para operar y financiar el desarrollo del sistema eléctrico, en particular, y del sector energético, en general, implica serios riesgos para el país; por ello, se debe tener en cuenta que “se requiere de una gran cantidad de recursos que el erario no tiene y que las fuentes de recursos públicos están comprometidas en programas sociales”.

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Así lo indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), al celebrar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “con sus fallos -el 31 de enero pasado-, haga prevalecer el mandato de la Constitución Política de México, privilegiando el interés de todos los mexicanos”.

Tras lo anterior, indicó que la generación, transmisión y despacho de electricidad es fundamental, primero, para la actividad económica, dado que incide prácticamente en todos los sectores y procesos productivos y, segundo, para la calidad de vida de los hogares.

“Es un insumo esencial que determina la productividad y competitividad de una economía, así como el bienestar de las familias”, indicó.

En su análisis semanal, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que esto se logra cuando toda la cadena, desde la generación hasta el uso final, están bien coordinadas y cuentan con los incentivos para la productividad y la innovación, por lo que sostuvo que “el funcionamiento del sector eléctrico es una condición necesaria, imprescindible para el desarrollo del país”.

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Ante la decisión de la SCJN, el CEESP destacó que un efecto favorable de esta decisión es que prácticamente deja sin materia y objeto la controversia que Estados Unidos y Canadá formularon en el marco del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC, por considerar que la ley reflejaba un trato discriminatorio en el marco del tratado al favorecer el despacho eléctrico de la estatal CFE, tal como lo expresó y reconoció la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro.

En ese sentido, el organismo insistió en que el sector privado es el principal aliado del gobierno en materia de crecimiento económico y que, “como en la mayoría de los países, la principal fuente de riqueza, crecimiento y generación de empleos se concentra en la actividad del sector privado”.

Por ello, insistió que la participación del sector privado dentro del PIB (Producto Interno Bruto) nunca ha sido menor a tres cuartas partes del total nacional, y “para que el sector privado conserve su papel fundamental en el desarrollo del país, generando crecimiento y empleo bien remunerado, es indispensable un ambiente de negocios en el que las empresas, nacionales y extranjeras, vean un ambiente claro para invertir”.

De ahí que, reiteró, “es evidente que para que la inversión impulsada por el TMEC y por la relocalización propicie mayor valor agregado nacional y una mayor demanda y más esparcida geográficamente a lo largo del país se requieren políticas que propicien un entorno de certidumbre, incluida la regulación pro-competitiva del sector eléctrico”.

En este contexto, sostuvo que el fallo de la Corte resalta la vigencia de una política de energía más eficiente, que garantiza la seguridad en la generación, transmisión y distribución de electricidad y la disponibilidad de hidrocarburos a lo largo de todo el territorio nacional a un menor costo ambiental.

Si el objetivo es fortalecer el ritmo de crecimiento de la economía en el mediano y largo plazos, sin duda es necesario un entorno en el que el sector público y privado coincidan en las metas, especialmente en la de bienestar de los hogares.