PILAR MANSILLA 

Foto: Cuartoscuro

El Estado mexicano nunca más será cómplice o protector de agresores, deudores alimenticios y violentadores de los derechos de las mujeres con la aprobación a la Ley 3 de 3, advirtió Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado.

Advirtió que no se debe dar marcha atrás a esta ruta para reconocer normativa y materialmente la participación de las mujeres, su inclusión en la toma de decisiones, la protección de sus derechos y su acceso a la justicia.

“Nadie va a poder detener su incorporación a la toma de decisiones. Nadie podrá obstaculizar su arribo”, sin embargo, enfatizó que se deben redoblar los esfuerzos para reconocer la igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución y en todas las leyes secundarias.

Además, enfatizó, se les tiene que garantizar el ejercicio de sus derechos y, ante su incumplimiento, asegurar su acceso a la justicia y a la reparación del daño, de que se brinde la garantía de que en nuestro país no habrá más violencia contra este sector.

Monreal Ávila consideró que una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos sólo es aquella que es incluyente y puede ver por todos los sectores que la componen.

Explicó que con la aprobación al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece
la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.

Asimismo, detalló, por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Es, dijo, una modificación profunda que busca incidir favorablemente en la ética pública y política en beneficio de la sociedad en su conjunto, pues no basta con ser un funcionario, legislador, juez, alcalde o magistrado eficiente y honrado, si se es un abusador, un agresor por razones de género o un deudor de pensión alimenticia.