El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó del inicio de un programa de ordenamiento nacional del uso de agua, entre ellos la revisión de 536 mil concesiones de agua, acciones que buscan terminar con el mercado negro y tráfico del vital líquido.
Con diversas acciones ya implementadas, la Conagua ha logrado desprivatizar más de 4 mil millones de metros cúbicos, esto es equivalente al suministro durante cuatro años de agua para la Ciudad de México, y también ha obtenido resultados importantes en materia de recaudación, en este proceso de ordenamiento.
En la conferencia de Palacio Nacional, funcionarios del Conagua dieron a conocer las estrategias que llevarán a cabo para poner orden, así como indicaron que enviarán una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión, entre ellas, una reforma sobre delitos hídricos.
Efraín Morales indicó que el “agua que no se usa, agua que regresa a la Conagua”, porque ello ha generado una serie de afectaciones por el acaparamiento, el sobre concesionamiento, el deterioro de la infraestructura, y quizá uno de los más sentidos es el que tiene que ver con una distribución desigual del agua en el país.
Indicó que uno de los elementos centrales es impulsar el proceso de ordenamiento que tiene que ver con un cambio de visión: que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano y como un bien estratégico de la nación.
Entre las acciones que tomará Conagua, se revisarán todos los títulos de concesión del país (más de 536 mil), y a partir de esta revisión se está llevando también un programa de inspecciones, donde los ciudadanos juegan un papel clave al denunciar el uso irregular del agua.
Mencionó que esto llevará a la construcción de un nuevo registro de las aguas nacionales confiable, se realizará una ventanilla única, lo que ayudará sobre todo a pequeños y medianos productores agrícolas, quienes tendrán certeza jurídica de sus aprovechamientos.
También se contempla la propuesta de reformas legislativas a la Ley de Aguas Nacionales, que permitirá fortalecer las facultades de la autoridad del agua para generar una mejor rectoría del Estado, y por otro lado la expedición de una Ley General que reglamente el derecho humano al agua.
