Congreso, en desacato por Ley de Comunicación Social

PATRICIA RAMÍREZ Foto: Cuartoscuro El Congreso de la Unión desacató, por tercera vez, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le obliga a modificar la Ley General de Comunicación Social, para garantizar condiciones de equidad y el derecho a la información de los ciudadanos. El pasado 19 de octubre

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PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El Congreso de la Unión desacató, por tercera vez, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le obliga a modificar la Ley General de Comunicación Social, para garantizar condiciones de equidad y el derecho a la información de los ciudadanos.

El pasado 19 de octubre se venció el plazo para que los legisladores federales hicieran los cambios ordenados por la Corte en septiembre de 2021, al resolver un amparo presentado por la organización Artículo 19, contra la ley expedida en 2018, que obliga a establecer procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Legaliza malas prácticas
Ante este panorama, el Centro de Análisis Fundar, advirtió que la ley vigente, que la Cámara de Diputados no ha modificado, legaliza las malas prácticas y perpetúa la relación de poder entre medios de comunicación y gobierno, lo que el gobierno actual prometió evitar.

Agregó que se requieren criterios idóneos, equitativos y transparentes sobre el uso y asignación de la publicidad oficial, de lo contrario continúa en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

La falta de regulación en el tema impacta negativamente el ejercicio de los derechos a la información y libertad de expresión, pues la actual ley no incluye mecanismos claros de asignación de recursos, tampoco previene la concentración del gasto”, acotó.

Asimismo, Fundar subrayó que durante la primera mitad de este gobierno se han ejercido 8 mil 648 millones de pesos, equivalente a una cuarta parte de lo que se gastó en los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, continúa la falta de transparencia y diversidad de medios que obtienen recursos de publicidad oficial.

AUSENCIA DE CRITERIOS
El documento aclara que la ausencia de criterios en función de la idoneidad, la equidad y la transparencia en la asignación han provocado que el presupuesto para publicidad oficial esté centralizado en unos cuantos medios.

Al hacer un recuento de los gastos autorizados entre 2019 y 2021, explicó que de 778 medios que percibieron publicidad oficial, 10 se llevaron el 50.01 por ciento.

Mientras que los 768 restantes, el 49.99 por ciento, lo que evidencia que aún con la reducción del gasto, la concentración de los recursos persiste, afectando gravemente la pluralidad mediática.

RELACIONES DE PODER
“El Congreso perpetúa las relaciones históricas de poder entre autoridades y medios de comunicación, donde es muy común que las primeras condicionen la asignación del gasto de publicidad oficial con base en que tan bien se hable de las mismas”.

“De esta manera, el Estado puede imponer criterios de restricción en el acceso a los recursos, proceso denominado como censura indirecta, previa o sutil”, insistió.

Tiene tiempo de cambiar
En este contexto, Fundar subrayó que esta administración aún tiene la oportunidad en los poco menos de dos años que le quedan de hacer un cambio relevante en materia de libertad de expresión y derecho a la información si regula adecuadamente la publicidad oficial, que, durante los sexenios anteriores, ha sido ejercida de manera discrecional y ha servido para ejercer presión a los medios.

Además, existen estándares internacionales en la materia que permiten tener una legislación de comunicación social de avanzada, no solo a nivel nacional sino regional, pues ningún país de Latinoamérica cuenta con una normativa eficiente y que abone a una verdadera democracia.

“En caso de incumplimiento, es indispensable que el Congreso de la Unión rinda cuentas y explique la razones detrás de sus omisiones, porque no es posible que haya pasado tanto tiempo y no se acate el fallo del máximo tribunal”.

“Desestimar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), además de ser inconstitucional, favorece la censura sutil y con ello viola los derechos a la libertad de expresión y derecho a la información esenciales para la democracia”, concluyó el organismo.