RITA MAGAÑA

Foto: Cuartoscuro (archivo)

Senadores del PAN y PRI consideraron como un paso histórico para el país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté próxima a eliminar y no aplicar la figura de la prisión preventiva oficiosa, porque es la peor violación legal que existe en México de los derechos humanos.

El senador priísta, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que los excesos están pervirtiendo esta figura y la están convirtiendo en uso faccioso del poder.

Declaró que si la Corte ratifica su constitucionalidad, mandaría el mensaje de que apuesta por un sistema más tradicional de justicia.

“Yo creo que estaríamos dando el mensaje de que la Corte opta más por un sistema restrictivo de garantía, porque estaríamos mandando el mensaje de que la Corte apuesta más por un sistema tradicional de justicia, pero, en este caso, yo creo que deberán ir por una apuesta progresista”, manifestó.

Los senadores panistas, Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez, aplaudieron la valentía del ministro Luis María Aguilar Morales, autor del proyecto que propone declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

Al respecto, Damián Zepeda expresó que eso es lo que se espera de la Corte, especialmente que proteja verdaderamente a los mexicanos, porque la prisión preventiva oficiosa significa que “metan a la cárcel, que metan al bote por años a un persona, sin haber probado que es responsable de un delito, lo cual es un abuso brutal”.

Mencionó que hay un listado en la Constitución que dice que si un fiscal, el que sea, acusa a una persona de un delito, sin importar que existan pruebas que lo inculpe o si estaba o no en el país, “se va a refundir en el bote, eso es la prisión preventiva oficiosa”.

Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al darse cuenta de la importancia del tema, le manda línea a los ministros de la SCJN y les dice que se debe hacer público el voto, para resaltar al ministro o ministra que tenga el valor de acabar con el abuso de la prisión preventiva oficiosa”.

En su oportunidad, la senadora panista, Xóchitl Gálvez, recordó que cuando se trató el tema, su grupo parlamentario votó en contra, porque sabían que esta medida iba en contra de los derechos humanos.

Apuntó que es un camino fácil para los fiscales hacerle creer a los mexicanos que con el hecho de que una persona vaya a prisión ya se castigó un delito.

Manifestó que el tema fundamental es que las fiscalías tienen que hacer su trabajo, pero no lo quieren hacer bien, no quieren tener una policía de investigación profesional, ni adquirir tecnología que les permita acreditar que la persona es un presunto criminal.

Por eso, agregó, para las fiscalías, incluso gobernadores aplaudieron el camino fácil de la prisión preventiva oficiosa, porque basta que el delito se encuentre en ese catálogo para que esa persona vaya a la cárcel y después ya no le dan importancia a la investigación.