La sesión pública del Instituto Nacional Electoral del miércoles pasado fue escenario para volver a evidenciar las diferencias internas que existen entre las consejerías y la imposibilidad para arribar a acuerdos en temas que son cruciales para el funcionamiento de la institución.
El tema fue la subrepticia y escandalosa modificación que la 4T introdujo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para concentrar atribuciones y poder en la Presidencia de la institución disminuyendo las facultades del Consejo General y la capacidad del cuerpo colegiado para orientar y supervisar el trabajo colectivo.
Se trata de ajustes a dos artículos de la Ley: en el 45 para señalar que la Presidencia podrá designar a las personas titulares de las áreas operativas sin negociar con las consejerías y sin someterlo a su aprobación; y en el 48 para que la Junta General Ejecutiva (JGE), órgano administrativo donde no participan las consejerías, integrado con los titulares de las áreas y coordinado por la Presidenta del INE, apruebe acuerdos para la coordinación y ejecución de actividades técnicas y operativas del Instituto y de coordinación de la estructura desconcentrada nacional, para la organización de elecciones federales y funcionamiento del Instituto.
Esto significa que la presidenta Guadalupe Taddei podrá designar en todas las áreas del Instituto, salvo en la Secretaría Ejecutiva, a personas incondicionales, mismas que luego integrarán la JGE y donde aprobarán programas y normas, mientras que las consejerías solo conocerían informes y tendrían una opinión disminuida sin derecho a voto en esos temas. Se trata de la réplica de un modelo concentrador del poder que la 4T aplica en el país, para controlar a las instituciones, como ocurre con la reforma judicial, la incorporación de la Guardia Nacional en la Sedena o la inminente desaparición del INAI, cuyas atribuciones se distribuirán entre dependencias del gobierno y otras instancias.
Para combatir las modificaciones, en mi opinión, con legitimidad y utilizando cauces institucionales, seis consejerías impulsaron la aprobación de un acuerdo por el que se instruye a la Secretaria Ejecutiva en funciones promover una controversia constitucional, en contra de esta porción de la reforma, que altera la estructura y distribución de facultades en el INE. Coincido con diversos argumentos de los promoventes porque, la reforma sí destruye la garantía de imparcialidad que significan los nombramientos colegiados y la determinación de programas y normas que rigen el funcionamiento institucional, atribuciones que vienen desde la fundación del IFE y se fortalecieron con el INE. Hay, también, una afectación al principio de certeza, dado que los errores morenistas en las redacciones normativas se reproducen en esos cambios que entran en contradicción con facultades expresas del Consejo General que no se eliminaron y que siguen vigentes.
Las diferencias argumentativas entre las consejerías son válidas, forman parte del funcionamiento normal del cuerpo colegiado. El debate pudo ser más terso si la Consejera Presidenta hubiera ratificado en público lo que algunos de sus pares señalaron: que en privado ha dicho que no ejercerá dichas facultades para privilegiar la colegialidad institucional. ¿Será?
¿Por qué tanto interés de los promotores de las adiciones? Que han llegado al exceso de señalar que modificarán la Constitución para incluir en ese nivel las nuevas atribuciones de la Presidencia del INE.
Hay que creerles, ya demostraron que pueden modificarla a su antojo, violando procedimientos y destruyendo los avances democráticos logrados en las últimas décadas. Ejemplos hay muchos y viene en cadena la reforma electoral. La Constitución está dejando de ser un pacto político de todos los mexicanos para representar la visión unilateral de un solo grupo. Veremos qué sucede.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
