La tauromaquia en México enfrenta un acoso sistemático por parte de la clase política, pero las trabas no responden a una cruzada por el bienestar animal, sino a una estrategia burda para desviar la atención de escándalos que sacuden los cimientos del poder.

Mientras los titulares se llenan de prohibiciones y debates estériles sobre las corridas de toros, temas de verdadera trascendencia, como los nexos de Adán Augusto López con el grupo criminal ‘La Barredora’ o la insensibilidad de la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle al minimizar la muerte de una maestra como un simple ‘infarto’, quedan convenientemente opacados.

La prohibición de los toros no es más que un distractor, un tema que se agota rápido pero que los políticos manipulan para evadir el escrutinio público.

El caso de Adán Augusto es paradigmático. Como exgobernador de Tabasco, nombró a Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de ‘La Barredora’, grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, como titular de Seguridad Pública. La Interpol emitió una ficha roja contra Bermúdez, quien huyó del país y la oposición ya presentó denuncias penales contra él.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum evade investigar al senador y argumenta que ‘por el momento’ no hay pruebas, a pesar de las acusaciones que lo vinculan a una red de protección criminal. Este escándalo, que debería ser el centro del debate nacional, se diluye mientras los reflectores se centran en otros temas.

Por otro lado, Rocío Nahle mostró una alarmante falta de empatía al referirse a la muerte de una maestra en Veracruz, atribuyéndola frívolamente a un infarto, ignorando que la secuestró un cartel local con hombres fuertemente armados. Esta declaración, que indignó a la opinión pública.

Es evidente que la clase política prefiere avivar debates polarizantes a enfrentar las consecuencias de sus propios yerros.

El Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, aprobó una prohibición de corridas de toros ‘con violencia’ bajo el argumento de avanzar en el bienestar animal. Esta medida ignora la Norma Oficial Mexicana 033-SAG/ZOO-2014, que regula los métodos para sacrificar animales con el menor sufrimiento posible, y que los rastros, verdaderos focos de crueldad animal, incumplen sistemáticamente sin que los legisladores muestren el mismo celo.

Si el bienestar animal fuera la prioridad, el Congreso estaría fiscalizando los mataderos en los que miles de animales son sacrificados en condiciones deplorables, en lugar de atacar una tradición cultural que genera derrama económica y arraigo en comunidades.

La estrategia es clara: la tauromaquia es un chivo expiatorio. Prohibirla en todo el país, como parece ser el rumbo tras el precedente de la CDMX, no resolverá el maltrato animal, pero sí mantendrá ocupada a la opinión pública.

Es el mismo guion con la liberación de Israel Vallarta, quien tras casi 20 años en prisión sin sentencia por un montaje mediático orquestado en 2005, salió recién para arremeter contra Carlos Loret de Mola. Este caso, que expone las fallas del sistema judicial y la manipulación mediática, pronto quedará eclipsado por otros distractores.

La tauromaquia, como Vallarta, es un tema que se agota rápido. Los políticos lo saben y lo explotan. Mientras desvían la mirada hacia los toros, evaden rendir cuentas sobre sus vínculos con el crimen organizado o su incapacidad para abordar crisis reales.

La prohibición total de las corridas es solo cuestión de tiempo, pero no será por los animales, sino por la conveniencia de quienes en el poder prefieren un circo sin toros que una sociedad que les exija respuestas. Y si no, al tiempo.