La crisis penitenciaria en México se agudiza: en apenas cinco meses, la sobrepoblación en las cárceles pasó de 10 mil 157 a 20 mil 212 personas, lo que ha generado condiciones insalubres, carencia de servicios básicos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

LEE ADEMÁS: Edomex 2025: Multa de 2 mil pesos a quienes no hagan este trámite en agosto

Ante este panorama, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto para que las autoridades federales y estatales refuercen de inmediato sus acciones contra el hacinamiento.

El punto de acuerdo fue impulsado por el senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, quien denunció que la falta de condiciones dignas dentro de los centros penitenciarios golpea con particular dureza a los menores de edad que viven con sus madres en prisión, ya que la mayoría carece de materiales educativos y artículos de higiene personal, y muchas madres se ven obligadas a pagar para que sus hijos reciban atención médica.

“Estas deficiencias, entre muchas cosas, vulnera diversos derechos de las infancias, como a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral y a la protección de la salud”, señaló.

Castañeda advirtió además que la figura de la prisión preventiva oficiosa no solo ha saturado aún más el sistema penitenciario, sino que también “atenta contra el derecho a la justicia y criminaliza la pobreza“, al mantener privadas de la libertad a miles de personas sin sentencia firme.

Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al Estado mexicano eliminar esta figura, pero el Gobierno federal ha ampliado el catálogo de delitos que la ameritan.

El legislador emecista dentro de su argumentación, señaló que “la inacción, el abandono institucional y la falta de voluntad política han convertido este problema en una crisis estructural que sigue profundizándose”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Eclipse lunar 2025: fecha y hora del segundo fenómeno astronómico

En este sentido, expuso que la sobrepoblación en las cárceles muestra que detrás hay una política de Estado en el quehacer de justicia, que “criminaliza a las personas pobres“, lo que ha generado, reiteró, el hacinamiento en los centros penitenciarios, lo que ha provocado también la violación de los derechos penitenciarios de los reos y los hijos de estos.