Acusan académicos internacionales

Autoridades mexicanas dan trato de narcotraficantes a los 31 científicos acusados de delincuencia organizada y corrupción, denunciaron ayer académicos e investigadores de la comunidad internacional.

Tras la acusacion del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), alrededor de 145 científicos cerraron filas con sus colegas mexicanos y pidieron al organismo reconsiderar la denuncia.

En una carta dirigida a la titular del Consejo, María Elena Alvarez-Buylla, los académicos de distintas universidades y centros de investigación internacionales manifiestan su preocupación por la ofensiva oficial.

En su defensa, argumentan que “el Comité Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT, del Conacyt), ha llevado a cabo importantes acciones e iniciativas encaminadas a la articulación de un sinnúmero de organismos sociales involucrados en la promoción del desarrollo científico y desarrollo tecnológico de México. No obstante, se les ha acusado de actividades delictivas equivalentes a las de los cárteles de la droga, con sentencias que podrían llegar a los 80 años de prisión”.

Ante ello, agregan en la carta que “nos dirigimos respetuosamente a usted con el fin de solicitar una revalorización del compromiso sustancial de los mencionados 31 científicos en la construcción de un andamiaje sólido para el fomento de la ciencia y tecnología en México”.

Sostienen que la reconsideración hacia los 31 científicos estaría en la línea de la filosofía de la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Conocimiento Científico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Científica y Cultural de las Naciones Unidas, de Budapest, Hungría, de 1999.

Entre los firmantes de la carta, destacan los científicos e investigadores Abigail Schoneboom, Abiodun Egbetokun, Adam Przeworski, Adarsh Anil, Adolfo Stubrin, Amanda Quirk, Ana Langer, Andres Bernasconi, Andrew Roberts Cummings, Anna Lee Mraz, Antonio Javier Calleja, Axel Haudiquet, Barbara Ann Bush, Carlo Pietrobelli, Claudio Lomnitz, Sara Poot-Herrera, Marina Fedorova, Merce Pallas, Michael Clegg, Michael Eduardo Cortés, Monica Marquina, Nanditha Mathew, Nathaniel Butler y Nikolett Puskas.

EL CASO

Hace poco más de dos semanas, la Fiscalía General de la República (FGR) insistió en que solicitaría órdenes de aprehensión contra científicos, académicos y exfuncionarios del Conacyt, quienes presuntamente desde ese organismo autorizaron un millonario financiamiento.

Esto, primeramente, ante la negativa de un juez de distrito a la solicitud de orden de aprehensión por los delitos patrimoniales en contra del erario público, delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otros.

Previamente, Álvarez-Buylla envió dos informes al presidente Andrés Manuel López Obrador en los que relató que 31 funcionarios son acusados de haber gastado presuntamente 561 millones de pesos (27,9 millones de dólares) de dinero público de manera injustificada.

“Entre los gastos de operación había facturas de choferes, celulares (teléfonos móviles), servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero”, indicó el documento de Álvarez-Buylla.

Según medios locales, el fiscal general Alejandro Gertz Manero solicitó arrestar por operación de recursos con procedencia ilícita y delincuencia organizada a 31 científicos, académicos y personal administrativo del organismo público.

Pero la solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por Álvarez-Buylla, por el desvío de 50 millones de pesos (2,5 millones de dólares) por parte de dichos trabajadores.

Sin embargo, algunos columnistas acusan al fiscal de querer vengarse ya que buena parte de la comunidad científica criticó duramente la dirección del Conacyt distinguiera en junio a Gertz Manero con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, su más alto reconocimiento.

COMPARECENCIAS ANTE FGR

La semana pasada comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) varios de los científicos acusados, entre quienes estuvieron la fundadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y exsecretaria técnica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Patricia Zúñiga, y Gabriela Dutrénit, ex coordinadora del foro.

Zúñiga, quien asistió junto a su abogado Ricardo Sánchez, solicitó a la Fiscalía acceso y copia de la carpeta de investigación, integrada por 10 tomos, y se reservó su derecho a declarar y se comprometió a rendir su declaración por escrito en el término de una semana.

A su salida de la Fiscalía, la fundadora del foro no dio declaraciones a la prensa, pero su abogado confirmó a los medios que los delitos por los que es investigada su representada son los que se conocen públicamente: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

La presentación de Zúñiga ocurrió ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), al igual que la de Dutrénit, quienes se apuntaron como las dos primeras personas, de una lista de 31 científicos y académicos, en presentarse a las oficinas de la entidad para dar su declaración ministerial. (Con información de EFE)