Más que una acción civil que busque reales efectos reparatorios, la demanda presentada por nuestro país pretende abrir el debate en tonos de política para poner nuevamente sobre la mesa un tema que resulta sumamente inconveniente para nuestros vecinos del norte: la venta indiscriminada de armas de fuego y su tráfico hacia las organizaciones criminales mexicanas en este lado de la frontera. Sin embargo, es muy difícil pensar que la cancillería mexicana no haya contado con un panorama completo para saber de antemano que es prácticamente imposible que se llegue a un buen puerto por varias cuestiones que bien vale la pena analizar. En primer término, la naturaleza de la acción intentada en un tribunal federal de los Estados Unidos atiende al ramo de lo civil. Es decir, en tal casillero de lo legal no se busca la punibilidad de la acción mediante la pena corporal como lo sería en el caso de la denuncia en materia penal. La idea de una acción civil es conseguir la reparación mediante el acuerdo, ya sea económico o de acción específica, de los daños que visiblemente ha causado la negligencia del demandado. Debemos recordar el caso que motivó incluso un par de películas, por el cual a principios de los 90 la industria tabacalera en Estados Unidos recibió un duro golpe al perder un juicio de similar naturaleza en un tribunal de Minnesota. El Master Settlement (o el acuerdo general) que finalmente aceptaron las grandes empresas que componían en ese entonces la industria, rondó alrededor de los 300 mil millones de dólares en indemnizaciones y reparaciones tanto en lo individual como en lo colectivo para los afectados. Así, a partir de ese momento, el viraje que tuvo la industria incluyó previsiones que han podido mantenerla dentro de un cerco de protección poco poroso ante nuevas y posibles demandas semejantes a esa que ocurriera hace casi 30 años.

Pero la lucha en contra de la comercialización de armas no es un tema nuevo ni presenta oportunidades manifiestas como en su momento lo tuvieron aquellos particulares en contra de las tabacaleras. Este es ya un problema añejo que ha sido combatido legalmente desde lo local en aquel país. Desde los tempranos ochentas, donde diversas organizaciones norteamericanas anti armamento, presentaron acciones legales, tanto en lo individual como en lo colectivo, para inhibir el comercio de armas en el alegato de que las mismas presentaban deficiencias funcionales graves que las hacían aún más peligrosas. Si bien no hubo pingües triunfos, el avance en la detención de armamento se dio por la famosa victoria legal en Maryland, con la cual se consigue instalar una aduana de control de calidad para la puesta en circulación comercial de nuevos modelos de armas.

Posteriormente, a finales de los años noventa, fue el abogado Dennis Henigan, quien asesorado por aquellos triunfantes litigantes anti tabaco, consigue poner los cimientos del Consejo Nacional para el Control de Armas, que a la postre se convirtió en la mucho más sofisticada Campaña Brady. Al accionar de estos instrumentos, incluso se llegó a poner contra la pared a una empresa como Smith & Wesson, pero el equilibrio que se propuso para evitar la quiebra y catástrofe económica del ramo, finalmente llevó a crear lo que ahora a México debería interesarle y considerar para estimar las posibilidades de éxito de su demanda en tribunales.

Como consecuencia de ese accidentado camino para la industria, el legislativo estadounidense consideró proteger a las empresas fabricantes de armamento con una previsión legal que evitara la demanda indiscriminada por actos de terceros. Así, la ProtectionofLawful Commerce in ArmsAct’sProvisions, aporta un mapa de salvamento que prohíbe cierto tipo de demandas en contra de manufactureros, mayoristas, comerciantes y asociaciones para el intercambio de armas, a efecto de evitar que se les inculpe con corresponsabilidad por malos usos o actos ajenos. De tal manera, es previsible que se desestime la acción legal mexicana que propugna por la reparación que deriva del comportamiento negligente de diez fabricantes y distribuidores en el ramo armamentista. Es una misión que nace prácticamente muerta.

Pero lo que no muere y más bien se aviva, es la discusión añeja que ha sido puesta a un lado de los pendientes en donde Estados Unidos debe aportar soluciones para evitar que se engrose la cifra de más de 15 millones de armas ilegales existentes en nuestro país. Ahí radica la importancia de lo hecho por la cancillería en representación del estado ya que es un nuevo punto de presión hacia la administración Biden, que seguramente será apoyada por diversas organizaciones locales en el país de las barras y las estrellas.

Llevar esta discusión al plano de lo político y marcar fronteras para una insoslayable postura americana, es una gran avance que habrá que reforzar con diplomacia de mano dura, pero con aterciopelado guante blanco.