El combate a la corrupción en México tiene dos velocidades: una lenta para investigar al poder, y otra veloz para cerrar los casos sin pruebas “suficientes”. La semana pasada, el INE y el Tribunal Electoral nos dieron una lección: si no hay huella, no hay castigo.
Primero, enterraron las impugnaciones por los acordeones usados para influir en la elección de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego cerraron el caso de los sobres amarillos de Pío López Obrador, hermano del expresidente.
CINCO AÑOS DE IMPUNIDAD
En agosto de 2020, Carlos Loret de Mola difundió videos donde Pío, hermano del entonces presidente, recibía dinero de David León, entonces funcionario del gobierno federal y cercano a Manuel Velasco. La acusación: ese dinero era para operar políticamente en Chiapas a favor de Morena.
Cinco años después, el INE cerró la investigación. ¿La razón? “No hay rastro bancario, ni registro contable, ni comprobación fiscal”, dijo la consejera Carla Humphrey.
La justicia mexicana parece tener un solo principio: si no hay rastro, no hay delito. Y varias instituciones ayudaron a que ese rastro se perdiera: la CNBV, la UIF y el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. La Fisel decidió no ejercer acción penal en 2022.
Esta falta de pruebas sólo muestra que el sistema trabaja para no ser encontradas.
CAJAS, GRÁFICAS Y BURLAS
El mismo guion se repitió en el Tribunal Electoral. El magistrado Reyes Rodríguez presentó cajas con más de 3 mil acordeones físicos, pruebas digitales y estadísticas.
Mostró que, entre 7 mil 400 millones de combinaciones posibles, una sola fórmula recibió el 45% de los votos válidos. Y esa misma fórmula coincidía con las nueve personas electas como ministras y ministros de la Corte.
La mayoría del pleno no se inmutó. “Eso no prueba nada”, concluyeron. “¿De verdad un papel en el bolsillo anula 13 millones de votos?”, preguntó Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral. Y lanzó más preguntas al aire: ¿quién imprimió esos papeles?, ¿quién los pagó?, ¿cómo llegaron a cada rincón del país?
Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata votaron entonces en contra de la nulidad.
TAPARSE UNOS A OTROS
En ambos casos, las autoridades exigieron pruebas absolutas. Pero la impunidad también es una estrategia: basta con cerrar las puertas a los archivos, negar acceso a los datos fiscales, y todo queda en nada.
“No hay pruebas suficientes”, dijeron los consejeros. Pero tampoco se abrieron nuevas líneas de investigación. Se dejó pasar el tiempo. Cinco años después, los delitos ya prescribieron. Qué coincidencia.
LA HISTORIA SE REPITE
Cambia el gobierno, cambia el discurso, pero la impunidad se mantiene. No importa si el poder tiene una ideología distinta: cuando hay que juzgar a los suyos, el sistema se protege.
El caso de Pío ya está cerrado. El de los acordeones, también. En ambos, la verdad fue visible, pero “no demostrable”. La justicia no quiso ir más allá. Y ese es, precisamente, el verdadero problema.
Hoy, en México, la corrupción sigue sin ser castigada. Porque no permiten comprobarlo. Y como no se comprueba, no se castiga.
Pero, aunque no haya castigo legal, hay memoria pública. Y a la vista de todos queda la impunidad de quienes se beneficiaron, sin rendir cuentas, ni ante la ley… ni ante el país.
EL DATO INCÓMODO
Claudia Sheinbaum nombró a Néstor Vargas en el Órgano de Administración Judicial, el ente que manejará la mayoría de recursos del nuevo Poder Judicial. Vargas fue denunciado en 2022 por abuso y acoso sexual. La fiscalía desechó pruebas. Hoy, recibe premio político.
