El administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó ante el Senado estadounidense que la acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, representa el inicio de una ofensiva contra políticos mexicanos señalados por colaborar con organizaciones criminales.

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“No hay duda de que los narcotraficantes y los funcionarios de alto rango en México han estado en la cama por años“, afirmó el funcionario estadounidense durante una comparecencia ante legisladores.

El senador republicano John Kennedy consultó a Cole sobre la acusación presentada contra Rocha Moya por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. El funcionario respondió que actores políticos que cooperen con esas estructuras comparten responsabilidad por el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

“Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, declaró Cole. “Le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México“.

La Fiscalía del Departamento de Justicia para el Distrito Sur de Nueva York y la DEA anunciaron el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El caso marcó un hecho sin precedente al involucrar a un gobernador mexicano en funciones al momento de la imputación, según el planteamiento de autoridades estadounidenses.

La declaración de Cole refuerza una línea de acción ya anticipada por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien señaló la semana pasada que podrían presentarse nuevas acusaciones contra políticos mexicanos a partir de testimonios y revelaciones de narcotraficantes trasladados a territorio estadounidense.

La autoridad judicial anticipó que el flujo de testimonios permitirá ampliar el alcance de las investigaciones hacia otros niveles de gobierno.

La administración estadounidense actual enfatizó una política de prioridad nacional en la vigilancia de la frontera y el combate a la infraestructura delictiva. Terry Cole destacó que el respaldo de la Casa Blanca es total para perseguir a quienes facilitan la logística del crimen organizado. El enfoque institucional busca asfixiar las redes de protección política que han operado durante años en las zonas de producción y tránsito de drogas.

El Gobierno de México ha mantenido una postura de cautela, al exigir que cualquier proceso judicial o solicitud de extradición contra funcionarios mexicanos cuente con pruebas sólidas y verificables.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha reiterado que, hasta el momento, los registros nacionales no muestran indicios de actividad inusual por parte de Rocha Moya, por lo que el Estado mexicano esperará a que el gobierno extranjero presente el sustento legal correspondiente antes de tomar medidas internas.