PATRICIA RAMÍREZ

Legisladoras reprobaron las declaraciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien aseguró que en un teléfono decomisado al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, había imágenes íntimas de diputadas federales, pues consideraron que ellas constituyen por sí mismas violencia política de género, además de que podría incurrir en algún delito.

La diputada Carolina Viggiano, aseguró que es lamentable que la mandataria estatal haya abordado un tema tan deliciado de esta manera. “Las afirmaciones de la gobernadora de Campeche son en sí mismas violencia contra las mujeres y constituyen un delito. Es reprobable que @LaydaSansores muestre así su desprecio por los derechos de las mujeres, escudándose en el poder para intimidar y perseguir”, señaló a través de su cuenta de Twitter la legisladora priista.

A su vez la diputada local, Silvia Sánchez Rico, aseguró que es muy grace que se den estas declaraciones, cuando las mujeres mexicanas están expuestas a muchos peligros y también son víctimas de violencia en el ámbito político.

“Manifiesto mi profunda indignación frente a una situación de hostigamiento político en contra de las mujeres en lo general y de las legisladoras priístas en lo particular, promovida desde el poder a través de la gobernadora de Campeche Layda Sansores quien en su afán por perseguir y denostar al líder nacional del PRI, recurre a la difamación para devaluar y criminalizar a las mujeres de nuestro país”, sentenció la priista.

Recordó que de acuerdo a la legislación vigente es un delito que alguien, sea gobernadora o no, tenga en posesión material íntimo, de cualquier persona, sea diputada o no, por lo que se le debe aplicar todo el peso de la ley”.

Asimismo, la representante popular consideró “inadmisible cualquier forma de violencia sistemática ya sea física, psicológica o emocional en contra de las mujeres. Este delito no solo afecta la imagen pública de una persona, afecta su integridad, su autoestima, su confianza en sí misma y más aún si es expuesta a la crítica y a la burla. Ninguna persona con tal cargo público puede amenazar con ventilar en vídeos o a través de cualquier otro medio, imágenes íntimas de las personas”.