El magistrado Felipe Fuentes Barrera defendió la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de no entrar a revisar el proceso administrativo abierto en contra de seis consejeros electorales que votaron por suspender la organización del proceso de revocación de mandato de 2021 y aclaró que les corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa dar la resolución final.

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En entrevista, señaló que incluso los inconformes pueden recurrir al amparo, pero aclaró que lo que determinó es que este no es un asunto electoral, aunque los derechos de los consejeros están garantizados.

A su vez, el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz, quien asumirá la próxima semana la presidencia del Tribunal, señaló que está claro que el Tribunal Administrativo es quien deberá tomar la resolución final, pero acotó que este no es un tema electoral, pues cualquier funcionario público puede ser sujeto a proceso de responsabilidad y a partir de ahí hay mecanismos de defensa que pueden ejercer.

Senado definirá vacante

Respecto a la vacante que dejará la magistrada Janine Otálora, que avisó al Senado que culmina su periodo el 31 de octubre, los magistrados precisaron que corresponde a los senadores determinar la opción que consideren conveniente.

Fuentes Barrera precisó que el Senado de la República tiene la última palabra sobre cómo se cubrirá la vacante que dejará la magistrada Otálora y las opciones que tiene es cubrir la vacante con el segundo lugar de la elección judicial anterior o esperar hasta la elección judicial de 2027 para que se elija a una nueva magistratura mediante urnas.

No obstante, rechazó que haya algún problema porque quede un lugar vacío, porque hay capacidad operativa y recordó que operaron por mucho tiempo con solo cinco de los siete magistrados y ahora está más preparado para enfrentar este nuevo reto institucional.

“Creo que podemos responder al reto completamente. Es responsabilidad del Senado definir el mecanismo”, precisó.