AIDA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez informó de la suspensión “desde ya y de forma definitiva” de la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En tanto que, precisó, las personas migrantes que estaban ahí serán trasladadas al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario.
En conferencia de prensa para dar a conocer el tercer reporte de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde perdieron la vida 39 migrantes y 28 más resultaron lesionados
Señaló que el contrato del Instituto Nacional de Migración (INM) con la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.D., por adjudicación directa y que daba servicio en instal acciones de este organismo en 23 estados, con vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de este año, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y máximo de 190 millones de pesos, está siendo rescindido.
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Junto con la fiscal @FGRMexico Sara Irene Herrerías, informamos sobre lo ocurrido en una estación migratoria en Cd. Juárez. El @GobiernoMX busca la verdad, justicia y reparación del daño para las víctimas y sus familias. #CeroImpunidad pic.twitter.com/84YqRXvgIa
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) March 30, 2023
Además de que se inició el proceso sancionador administrativo contra la empresa, del que ya fue notificado porque incurrió en al menos nueve omisiones, como, el ofrecer servicios diferentes a los autorizados y bajo el nombre de Grupo Tan Seguridad Privada Profesional; que a pesar de reportar trabajar con cuatro elementos de seguridad, con 10 uniformes y no tener permiso de portación de armas, en realidad realizaba tareas de seguridad intramuros con escoltas o elementos armados, protección a funcionaros, rastreo, y localización satelital GPS, custodia de mercancía, seguridad para eventos especiales, capacitación en materia de seguridad, de personal privado, consultoría en seguridad y asesoría en sistemas de seguridad electrónica, controles de accesos, sistemas de intrusión y de videovigilancia.
“Hasta donde se sabe, con el caso de Instituto Nacional de Migración, tenía 503 elementos desplegados en distintos inmuebles”, dijo Rodríguez Velázquez.
Señaló que también omitió actualizar el registro nacional de empresas, personal y equipo de seguridad priva relativo a sus sucursales; evitó en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes.
Además de que omitió inscribir, capacitar y presentar al personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada a exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos; así como de implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones de su personal así como inscribir a su equipo en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y su uniforme.
Por primera ocasión, mencionó que la actuación de la Secretaría de Gobernación, a la que pertenece el INM, y señaló que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acudió a Ciudad Juárez para entrevistar a las víctimas, colaborar en su identificación, brindarles asistencia a ellas y sus familias.
Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseveró, encabeza un grupo de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la CEAV, en el que participan cónsules de Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y Venezuela; y la Fiscalía General de la República trabaja en identificar de forma oficial a los fallecidos.
La fiscal de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías aseguró que “y se revisa la legalidad del contrato, así como las actividades y omisiones que ocurrieron durante el incendio”.
De las 28 personas migrantes que se encontraban hospitalizadas tras el incendio en la estación de Ciudad Juárez, cuatro ya fueron dadas de alta, reportó Rodríguez; en tanto que las 24 personas restantes continúan bajo supervisión médica. Se trata de 10 guatemaltecos, siete hondureños, cuatro salvadoreños y tres venezolanos.
