Demanda la CNDH al gobierno federal reconsiderar y acatar la recomendación sobre estancias infantiles

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó al gobierno federal reconsiderar su decisión de no acatar la recomendación sobre las estancias infantiles y precisó que queda abierta la posibilidad de acudir al Senado de la República, para pedir explicaciones sobre este incumplimiento.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, explicó que los pronunciamientos de este organismo no buscan atacar, desprestigiar o agraviar a gobiernos, instituciones o persona alguna, lo que pretenden es lograr que los derechos humanos sean vigentes y que los actos de autoridad que los vulneran se pongan en evidencia, queden sin efecto y se atienda a las víctimas.
Recordó que la recomendación fue resultado de presentación de 204 quejas por 5 mil 340 personas agraviadas, que expresaron la inconformidad que generó el que se privara a las niñas y niños, madres y padres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, de la oportunidad de acceder a un programa que, si bien perfectible y susceptible a revisiones y ajustes, ha permitido a miles de mexicanas y mexicanos acceder a beneficios tales como el que los niños y niñas tengan los cuidados profesionales, la atención debida y la estimulación requerida para un mejor desarrollo.
“No se trata de un programa de trasfondo, origen o utilidad política, se trata de prestaciones y servicios, establecidos en favor de niñas, niños, padres, madres y familias, que ha sido cercano y útil a la sociedad mexicana, a cuyos integrantes ha beneficiado desde hace varios años, con independencia de gobiernos, autoridades o alternancias políticas”, dijo.
El ombudsperson advirtió que la Comisión no se opone a que se investiguen los casos de corrupción o las irregularidades que, eventualmente, se hayan presentado en la administración u operación de las estancias infantiles y, por el contrario, exige que se investiguen y aclaren, pero estos hechos, aun cuando efectivamente se hubiesen presentado, no pueden justificar que se prive a niñas y niños, madres y padres, de la posibilidad de acceder a servicios especializados, profesionales y confiables.
Agregó que estos servicios no pueden se sustituidos por 800 pesos al mes, cantidad que tampoco garantiza que sea efectivamente utilizada para el objetivo que se plantea.

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