Al señalar que la democracia veracruzana está en riesgo, la diputada del PRI, Lorena Piñón Rivera, exigió la urgente intervención de la gobernadora Rocío Nahle, y del secretario de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, Omar García Harfuch, para que instalen y operen el “Protocolo Estatal de Protección para Candidatos y Candidatas Municipales en Riesgo”, durante el próximo proceso electoral.

“Reconocemos que la coincidencia con la primera elección de juzgadores presenta desafíos adicionales para la seguridad electoral, particularmente para quienes aspiran a posiciones en materia penal. Los candidatos a juzgadores en materia penal enfrentan vulnerabilidad específica, ya que la delincuencia organizada tiene un interés estratégico en cooptar e intimidar a quienes podrían resolver sobre sus casos futuros”, aseveró.

Señaló que esta demanda se encuentra alineada con las exigencias en materia de seguridad pública, expuestas por el presidente del PRI, Alejandro Moreno, con el propósito de establecer criterios objetivos de evaluación y asignación de medidas de seguridad debido a los altos índices de violencia política que se viven en México.

Asimismo, explicó que dicho protocolo debe incluir un sistema de alerta temprana que identifique señales de posible violencia, declaraciones públicas amenazantes y movimientos inusuales de grupos criminales en zonas municipales.

La legisladora refirió que, de acuerdo con sus atribuciones, en el protocolo debe operar una “Comisión Interinstitucional de Seguridad Electoral Municipal” con participación de autoridades federales, estatales, municipales y del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz para implementar y supervisar estas medidas de protección.

Recordó que los criterios para asignar protección a candidatos municipales deben incluir mapeo de zonas de alto riesgo, antecedentes de violencia política en el municipio, historial de amenazas a la candidata o candidato e índices delictivos locales.

Tras lo anterior, Piñón Rivera solicitó la asignación extraordinaria de elementos de la Guardia Nacional en los municipios de alto riesgo durante todo el periodo de campaña y hasta la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos y juzgadores. Además de asignar recursos extraordinarios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para medidas de protección.