Hace poco vivimos dos recordatorios del poder territorial del crimen organizado.
En Tequila, Jalisco, autoridades detuvieron al presidente municipal Diego Rivera Navarro por extorsión agravada y delincuencia organizada.
Días después, tras el operativo en Tapalpa y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, se reportaron narcobloqueos, incendios y cierres de vialidades en un rango de entre ocho y quince entidades, según recuentos de prensa.
Estos hechos forman parte de un patrón que todos conocemos. El proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica, documentó más de 2 mil ataques contra personas vinculadas con política, gobierno o partidos entre 2018 y 2025, antes, durante y después de procesos electorales.
Con estos antecedentes, el próximo año se renovarán 17 gubernaturas y más de mil municipios en varias entidades, además de diputaciones federales y locales. Esa elección ocurrirá en los niveles de gobierno donde el crimen organizado ha construido su poder.
ANTES-DURANTE-DESPUÉS
La intromisión del narco ocurre en tres momentos. Antes de la elección aparecen reportes de financiamiento ilegal, imposición de candidaturas y pactos de no agresión.
Durante la elección se registran amenazas a operadores, compra de votos y control de casillas en territorios específicos.
Después de la elección se reporta la captura del gobierno mediante nombramientos, contratos, manejo de policía municipal y control de obra pública.
El marco legal mexicano contempla nulidades por dinero ilícito y por violencia en casillas, pero lo hace con reglas que exigen prueba directa y criterios de determinancia. Es decir, se necesita acreditar que la irregularidad fue grave y decisiva para el resultado.
Sin embargo, nuestras leyes no contemplan contextos de captura. Un municipio puede celebrar una elección formal aunque el crimen haya impuesto candidaturas semanas antes, expulsado rivales o condicionado a la autoridad electa desde el primer día.
Esa situación deja narcogobiernos vigentes y presupuestos operando bajo control criminal.
REFORMA ELECTORAL SIN ANTÍDOTO
Ayer, Claudia Sheinbaum presentó diez puntos de una reforma electoral que se enviaría al Congreso el 2 de marzo.
La lista incluye rediseño de representación, reducción de costos, fiscalización financiera, reglas de comunicación política, regulación de bots e inteligencia artificial, cambios al PREP y mecanismos de participación.
Pero en esos diez puntos no aparece un bloque específico contra las narcoelecciones. No se plantean mecanismos para anular elecciones con intervención criminal en territorio, ni reglas claras frente a asesinatos o expulsión de candidatos por violencia, ni soluciones flexibles cuando el financiamiento ilícito no alcanza el estándar probatorio exigido.
Además, se mantiene la ausencia de filtros para impedir narcocandidatos y sigue sin existir un sistema nacional de protección electoral con reglas claras y activación anticipada.
El paquete propuesto refuerza la fiscalización y prohíbe aportaciones en efectivo. Ese cambio no cubre los mecanismos usuales de infiltración en municipios y estados, como facturación simulada, proveedores controlados o financiamiento a través de redes empresariales locales.
En cambio, se proponen recortes a los órganos electorales, lo que los deja con menos margen operativo frente a contextos de financiamiento ilegal y violencia criminal.
Una reforma electoral que omita este problema permitirá más elecciones sin herramientas para impedir que el crimen siga definiendo candidaturas, capture gobiernos y convierta el presupuesto local en renta criminal. Sin un antídoto contra la narcoviolencia, una democracia a prueba de balas seguirá como un sueño lejano.
EL DATO INCÓMODO
En la discusión de la reforma de 40 horas, Morena y aliados frenaron propuestas de la oposición para dos días de descanso semanal, reducir horas extra, quitar impuestos al aguinaldo, dar incentivos fiscales a pymes e incluso obligar a legisladores a trabajar 48 horas semanales.
