En una contundente comparecencia ante el Capitolio, el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, envió un mensaje directo al gobierno de México: es imperativo intensificar la ofensiva contra los cárteles del narcotráfico para evitar una intervención directa por parte de la administración de Donald Trump.

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Durante su presentación ante el Senado y la Cámara de Representantes este martes, Hegseth dejó clara la postura de la Casa Blanca respecto a la seguridad fronteriza y el flujo de sustancias ilícitas.

México y Colombia: Objetivos prioritarios en 2026

La advertencia de Hegseth no es un hecho aislado, sino que forma parte de la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026. Este documento marca un endurecimiento sin precedentes en la política exterior de Washington, estableciendo a México y Colombia como los focos principales de atención.

Los puntos clave de esta estrategia incluyen:

• Resultados medibles: El gobierno de EE. UU. ya no aceptará promesas; exige métricas claras en la reducción del tráfico de drogas.
• Guerra contra el fentanilo: El combate a los precursores y la distribución de esta droga sintética es la prioridad absoluta.
• Presión operativa: Una exigencia directa de desmantelar las estructuras de mando de los cárteles.

Reconocimiento con condiciones

A pesar del tono de advertencia, el Secretario de Guerra hizo un paréntesis para reconocer la labor actual de las fuerzas armadas mexicanas. Hegseth elogió el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) en sus operativos recientes.

“Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar en la medida de lo posible para asociarse y hacer más”, señaló Hegseth ante los legisladores.

El contexto geopolítico

Aunque la comparecencia estaba centrada inicialmente en temas internacionales como el alto al fuego en Irán y las negociaciones para finalizar conflictos bélicos globales, el tema de la seguridad interna y la crisis de opioides dominó parte del debate.

La administración Trump parece decidida a tratar el tráfico de drogas no solo como un problema de salud pública o criminalidad común, sino como una amenaza de seguridad nacional que podría requerir medidas de fuerza si los socios regionales no demuestran una capacidad de contención efectiva.