PATRICIA RAMIREZ

Foto: @AccionNacional

El PAN presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el gobierno mexicano por la muerte de 40 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez.

La diputada Mariana Gómez del Campo se reunió en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y le pidió que el Consejo Permanente de este organismo pueda pronunciarse y emitir de manera urgente resoluciones y recomendaciones ante la constante violación de los derechos humanos en México y para que se pueda garantizar el cumplimiento de medidas.

“Le dije al secretario que no hay una sola renuncia de funcionarios en la mesa. El secretario de Gobernación sigue aferrado a la silla y también el Director del Instituto Nacional de Migración, increíble, todos siguen en sus puestos como si no hubiese pasado nada”, reclamó.

La legisladora panista precisó que acudirá a todas las instancias nacionales e internacionales para explicar y dar a conocer lo que ocurre en México con los migrantes y como se violentan todos los días sus derechos humanos.

En la misiva entregada a la OEA, los panistas detallaron se narra que el pasado 27 de marzo hubo una acumulación y falta de protocolos por parte de las autoridades migratorias, a cargo del INM, que culminaron en un incendio en un centro de detención en el que perdieron la vida 40 personas provenientes de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Ante este doloroso hecho, el presidente López Obrador se limitó a culpar y a revictimizar a los migrantes.

La legisladora explicó que la Fiscalía General de la República procederá penalmente contra Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del INM, quien no se ha pronunciado sobre el incidente y tampoco ha sido destituido de su cargo.

Todo esto se suma a lo ya reportado por diversas organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, medios de comunicación y el último reporte de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se señala que las personas migrantes y las que se encuentran en busca de refugio son objetivo y víctimas de la policía local, de los agentes federales de migración y de funcionarios de aduanas, tanto en fronteras terrestres como en aeropuertos, víctimas de crimen organizado y los niños y niñas son el grupo más vulnerable.