La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó presentar una controversia constitucional contra la recién promulgada reforma al Poder Judicial, pues consideró que este es un “triunfo del pueblo”.

Aseguró, que, una vez satisfechos los requisitos legales y constitucionales que validan la aprobación de la reforma por las cámaras de Diputados y Senadores, así como por diversos congresos de los estados de la República y después de realizar un análisis serio y exhaustivo de la reforma, así como de las condiciones en que se llevó a cabo su aprobación y publicación, no interpondrá acción de inconstitucionalidad alguna en contra de ésta, toda vez que dicha reforma es el resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso democrático del 2 de junio.

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Acotó que actores partidistas han tratado de presionar a la Comisión para que interponga una acción de inconstitucionalidad de paralice los efectos de la reforma “y así usar a este órgano autónomo para satisfacer ambiciones de grupo, ajenas a los intereses de las y los mexicanos, lo que equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación. Son las argucias que siempre han utilizado, y por eso su empeño en manipular a la CNDH y sumarla a sus cálculos”.

Además, también mostró su apoyo a la nueva estrategia de seguridad y la decisión de otorgar a la Secretaría de la Defensa Nacional el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, que es una de las siguientes reformas que se aprobarán en el Legislativo.

Insistió en que, en el caso de la Reforma Judicial, es facultad única del poder reformador de la Constitución hacer estos cambios, no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Poder Judicial.

También, consideró que el proceso incluyó la celebración de diálogos nacionales, donde se expresaron diversos sectores de la sociedad en un amplio ejercicio de la democracia participativa y su análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustivo y suficiente, a pesar de un ambiente por momentos ríspido y los desafortunados intentos de violencia en el Senado, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho, reflejo del sistema democrático que hoy prevalece en nuestro país.

Asimismo, enfatizó que no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo y que la reforma modifica directamente la Constitución, no puede ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad porque no se trata de una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución, sino de la voluntad soberana del pueblo reflejada en la modificación de las disposiciones que rigen al Poder Judicial, que harían absurdo, como algunos pretenden, cederle a este el rumbo de su transformación. “No sólo es improcedente legalmente, sino que sería una traición al pueblo. Algo que nosotros no vamos a hacer”, concluyó.