Despliegue de Guardia Nacional, aseguramientos recurrentes de generadores de violencia con su dotación de armas, vehículos, drogas, laboratorios y propiedades; en resumidas cuentas, migración y delincuencia organizada, dos exigencias norteamericanas atendidas, hasta hace unos días, en forma prudente, tímida por parte del gobierno mexicano.

Sin embargo, por alguna razón que solo saben en Palacio Nacional, tuvieron que escalar la decisión y mandar un mensaje claro al extorsionador vecino: ‘te va nuestra basura histórica criminal’; la extradición de 29 criminales de gran importancia, algo inédito y de reconocimiento para este gobierno. Basura representada por 40 años de delincuencia organizada, desde la década de los años 80, con Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y asesino no confeso del otrora héroe y agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, y,  libres hasta hace algunos días, tres líderes de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, la de los llamados Chapitos, responsables de cientos de asesinatos en el estado de Sinaloa y que ni tiempo tuvieron de identificar y saludar a sus pares en el Altiplano cuando ya estaban en la corte de Nueva York. 

Trump no se dio por bien servido. Ya no quiere narcotraficantes, narcopolicías, ni lavadores de dinero; ni empresas vinculadas con el crimen, ni millones de dólares asegurados; lo que quiere son políticos y, al parecer, no presidentes municipales ni mucho menos funcionarios de segundo o tercer nivel, busca cabezas políticas y vigentes. La historia, en este caso, no le interesa. 

En este complejo contexto, y de regreso de un viaje a Washington por parte del gabinete de seguridad, llama la atención la declaración contundente del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para deslindar a la Presidenta de la República de la decisión tomada acerca de autorizar, y de inmediato, las 29 extradiciones de los criminales más buscados por los Estados Unidos, haciendo responsable de ello al gabinete del que forma parte y que, dicho sea de paso, depende de ella.

Lo anterior, se antoja una estrategia para blindar a la mandataria de las decisiones complejas que puedan comprometer o “enlodar” su mandato, para cobijarla ante el poder suave de gobierno, con las buenas noticias en seguridad, como la atención a las causas, programas sociales, la prevención y el desarrollo social. Que sean ellos, el gabinete de seguridad, los encargados del trabajo duro, por no decir sucio con el vecino país.  

Más interesante aún que el portavoz Omar, el secretario, sea quien lo haga, un fusible que, al final, no compromete al partido en el poder por no tener aspiración política alguna, no representar a ninguna fuerza armada y no ser amigo del expresidente.

¿Quién será el extraditado número 30? ¿El Mayo permanecerá en el vecino país? Su posición está en medio de una decisión política y judicial comprometida, pues si bien es cierto han entregado a 29 criminales, ¿por qué a él habría que excepcionarlo y recurrir a su eventual atención consular?  

¿Qué político será inmolado? ¿Qué exigencia sigue para no ser sancionados económicamente?  

Mientras esto escribo, me entero de que en Estados Unidos han ejecutado algunas órdenes de aprehensión en contra del equipo del exmandatario del estado de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, que hoy permanecía sin partido y enfrentado con el grupo en el poder, a pesar de haberse formado en sus filas. 

¿Será que los políticos inmolados a la justicia norteamericana pertenezcan al pasado o a la oposición? ¿No será que el presidente Trump quiera algún personaje vigente? 

¿Se inicia la limpieza en México? 

Bernardo Gómez del Campo. Asesor en seguridad integral. 

@BGomezdelCampo