POR AIDA RAMÍREZ
Durante unos 10 a 15 años, la información recabada en el sistema informático del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) estuvo expuesta no sólo a particulares y proveedores, sino también a
unas 250 funcionarios de las 32 entidades federativas e instituciones como el IMSS, el Infonavit y hasta
el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que, a los tres meses de haber llegado Raquel Buenrostro
Sánchez al organismo, en enero de 2020, se encontró con esta sorpresita y decidió que era mejor
invertir más en tecnología y dejar a un lado los contratos con terceros.
Lo anterior salta porque, a la llegada de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a
Margarita Ríos-Farjat como Jefa del SAT –ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-,
y nada dijo, al menos a medios de comunicación, o tal vez nunca supo, del saqueo de información, pues
habían alrededor de 40 mil personas que tenían acceso a la misma.
Pero además, cables “desconocidos” que estaban montados en la infraestructura original del organismo
recaudador, salían de los servidores, mientras que con un programa se recababa información para una
“gran empresa”.
Si bien sostuvo que “eso pasa en todo el mundo, tampoco hay que espantarse, no somos ni los peores
ni los mejores”, la actual jefa del SAT recordó que en “los primeros tres meses que estuvimos aquí,
encontramos, olvídense que se robaban la información, había un cable, tres cables que salían de los
servidores del SAT a quien sabe, bueno, no voy a decir, salían de aquí, a instituciones no públicas.
Olvídense de que se robaban la información en el USB el asesor fiscal que está ahí en la oficina. No,
no, no, había tres cables en los servidores”.
“Acabamos de sacar del sistema, un proveedor que tenía un túnel programado. Como hacíamos
operaciones y cosas alternas de los contribuyentes del SAT acá, implícitamente tenía un programa
injertado, que el programa lo que hacía era sacar la información del SAT y llevársela a ese proveedor.
Por eso no acepto programas que me ofrecen o me regalan”, reveló Raquel Buenrostro.
Indicó que desde que inició la limpia se encontraron “35 mil puertos de usuarios que tenían acceso a
toda la información del SAT” y que ni siquiera las empresas sabían de quiénes se trataba pues estaban
con nombres como: “patito1, domi1, sinvergüenza2”, ironizó, al señalar que la mayor parte de las
tecnologías del organismo se contrataban con proveedores, pero que en estos momento mucha de la
información de los contribuyentes también la tienen los seis u ocho PACs (Proveedores Autorizados de
Certificación) para emitir las facturas respectivas.
“Son números realmente impresionantes. Cuando se les preguntaba a los proveedores quiénes eran
esas 40 mil personas, no sabían qué responder, a pesar de que tenían que cumplir con una
normatividad. Entonces empezamos a presionar, a quitar contratos de terceros y a fortalecer, con robots
e inteligencia artificial, el área de tecnologías”, lo que permitió al SAT ahorrar “miles de millones de
pesos”, disminuir costos de operación y atender a un mayor número de contribuyentes.

¿Denuncias?
Sin señalar si hay denuncias interpuestas ante las autoridades por esta situación, la misma jefa del SAT
cuestionó: “¿Quién tiene la información? La tenía un montón de gente que ni siquiera sabemos quiénes
son. Por lo menos unas 40 mil personas que quién sabe quiénes sean, para quién trabajan. A algunas
las tenemos identificadas, a otras no. Así que, ¿quién tiene la información del SAT? Hasta ahora casi 40
mil personas, pero seguramente no son los únicos”.
Asimismo, dijo a Ovaciones desconocer lo que esos miles de usuarios hicieron con la información que
se logró extraer del SAT.
“Pues eso quién sabe, si no sé ni quién fue. Lo que sí sé es que llevaban años, hay indicios de cosas de
más de 10 años, 15 años así, por lo menos. No es de ayer, ni de antier, son cosas que estaban
instaladas. Era parte de la infraestructura, de la arquitectura. (Por eso) antes de averiguar quién es,
primero lo desconecto, para qué sigo exponiendo”, señaló.
Y no descartó que quienes tienen información seguramente son parte de quienes hacen llamadas para
ofrecer discos (CDs con la información), cuentas bancarias y “cosas así. Yo creo que las venden por
todos lados”.

Por ello, señaló que además de que se siguen analizando los convenios de intercambio de información,
se están dejando a un lado los contratos con terceros e invirtiendo y fortaleciendo las áreas de
tecnologías del SAT.
En este sentido, Buenrostro Sánchez aseguró que no se ha incrementado el gasto en tecnologías, sino
que se ha trabajado en obtener ahorros y con ese dinero se han comprado los robots, almacenamiento
y capacidad de procesamiento en la nube.
“Esos terceros eran los que tenían los accesos, los controles, las administraciones, todo”, sostuvo y dijo
que todavía hace poco, se supo de los funcionarios de entidades federativas que tenían información
porque se detectó que era de quienes estaban vendiendo las citas para el SAT”.
De ahí que presumió la aplicación del SAT.ID, con la que se pueden hacer trámites como contraseñas,
firma electrónica y constancias, y con la que se aumentó de 10 a 50 por ciento el número de usuarios en
línea, lo que implicó un incremento de 35 veces la capacidad de almacenamiento en la nube, y “eso
significa que estamos atendiendo entre seis y siete millones de trámites”.
En ese tenor, el director general de Servicios al Contribuyente, Raúl Zambrano indicó que el costo para
la recaudación disminuyó, pues en 2020 se gastaban 38 centavos por cada 100 pesos y ahora son 36
centavos.
Para el primer trimestre de este año, informó que se atendió a cerca de ocho millones 240 mil
contribuyentes, contra los más de dos millones 300 mil que se atendieron en el mismo periodo de 2021,
lo que significó un incremento de un 500 por ciento, alrededor de seis millones más de contribuyentes
atendidos.
Raque Buenrostro insistió en la necesidad de que se cambie la cultura del contribuyente, y que sea éste
quien lleve a cabo sus declaraciones y trámites para evitar el robo de la información por algunos
contadores que actúan de mala fe, y lo que se constituye como “fraude entre privados”, en donde el SAT
no puede intervenir.