Deuda de Grupo Cementos de Chihuahua va en aumento después del litigio en Estados Unidos

A nueve años de haberse iniciado el litigio entre Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) y la Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA), el pasado 17 de agosto la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos falló en contra de GCC y reafirmó el laudo que, en abril de 2019, dictó un juez de distrito de Colorado, quien ordenó indemnizar a la boliviana CIMSA con la cantidad de 36 millones de dólares, más intereses. Suma que seguirá en aumento en tanto este conflicto se siga prolongando.

De esta manera, la ley ha condenado a la cementera mexicana por Responsabilidad y Daños al haber incumplido un acuerdo de accionistas, privando a su entonces socio, CIMSA, de su derecho preferencial de compra en caso de que GCC vendiera  acciones de su participación en la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce). En vez de cumplir con el acuerdo, Grupo Cementos de Chihuahua decidió vender, el 47.02% de sus acciones al Consorcio Cementero del Sur (CCS), sin avisar previamente a CIMSA.

Para mantenerse con transparencia en el mercado cementero mexicano no basta con que Grupo Cementos de Chihuahua cumpla con el laudo emitido por las instancias legales estadounidenses; también debe cumplir con la obligación de informar, de manera pertinente y transparente, a sus accionistas y a la Bolsa Mexicana de Valores acerca del litigio con CIMSA, de la sentencia fija de la Corte estadounidense y del monto establecido que debe pagar como resultado del laudo emitido en su contra; pues de no cumplir con esta obligación GCC estaría incumpliendo la Ley del Mercado de Valores. Cabe señalar que la sentencia de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos está respaldada en la Convención de Nueva York, lo cual, en materia de costos reputaciones no es un hecho que deba pasarse por alto.

Según analistas, tal parece que la estrategia de GCC para evadir el cumplimiento del laudo dictado en su contra es seguir alargando este proceso, a pesar de que ya se han agotado las posibilidades legales para que la cementera mexicana pague la indemnización correspondiente a CIMSA y dé por terminado este añejo conflicto; el cual, de seguir alargándose, solo traería como consecuencia el incremento de la deuda y la participación de los accionistas para asumir los altos costos que ello puede traer consigo.