El gobierno federal no genera empleos, pero tiene la obligación de propiciar un ambiente en el que las empresas puedan crear el mayor número de puestos de trabajo posible, lo cual se empieza a ver difícil, ante la reducción de patrones en abril pasado que dio a conocer el IMSS, en 26 mil 420 personas, por lo que ahora hay un millón 047 mil 376, “con su consecuente impacto en el total de trabajadores registrados”.

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De ahí que, junto con el Poder Legislativo, que insiste en la discusión de bajar las horas trabajadas a la semana a 40, debe poner especial atención en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que ya se han visto afectadas de manera significativa en su competitividad por aumentos en los costos laborales por los aumentos de los salarios mínimos y la aprobación de vacaciones adicionales, aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En la actualidad, del total de trabajadores remunerados no agrícolas y con prestaciones sociales, cerca del 60% trabajan más de 40 horas a la semana, lo que refleja lo costoso que sería para las empresas formales hacer frente a este cambio en la jornada laboral.

“Si la ley se aprueba, las empresas tendrán que ajustarse a ello. Y aunque habría diversas maneras de hacerlo, las empresas deberán decidir cuáles serían las mejores opciones, como el pagar horas extras, utilizar otros contratos para sustituir los actuales, o simplemente llevar a cabo nuevas contrataciones“, dijo.

El organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que las autoridades no han querido reconocer el deterioro en las condiciones económicas, pero además, no han visto que aprobar la reducción de la jornada laboral sin un diálogo, impactará la sostenibilidad de las empresas.

“En este contexto de desaceleración económica y creciente incertidumbre comercial y jurídica, es probable que el impacto negativo en el empleo y el bienestar de los hogares sea aún mayor”.

Señala el CEESP que, “el efecto sería una reducción de sus actividades. A nivel agregado, se afectaría la actividad económica y probablemente se generaría un exceso de demanda en los mercados; en todo caso, sería una incidencia negativa sobre el crecimiento económico y el empleo.

“La magnitud del impacto según la decisión de las empresas puede ser variado, pero el hecho es que la mayor afectación sería sobre el costo de contratación del trabajador” y para las Mipymes; ejemplificó que si una empresa en la que los empleados trabajan 48 horas por semana decidiera continuar al mismo ritmo de trabajo pagando horas extras para conservarlo, enfrentaría un aumento del costo laboral que podría ser de 36%, y sería muy superior si el número de horas extras es mayor”, aseveró.

El CEESP recuerda que las empresas ya enfrentan factores que han incidido directamente en sus costos laborales, como los aumentos de los salarios mínimos, las mayores contribuciones de las empresas por la reforma de pensiones del 2021 y las vacaciones adicionales legisladas hace dos años.

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Tras ello, “un ambiente que sólo está estimulando la informalidad y hace a la economía menos productiva y competitiva“, donde siguen elevados niveles de corrupción, inseguridad, violencia, y se ha hecho efectiva la desaparición de los organismos autónomos que garantizaban un ambiente de mayor transparencia y regulación pro-competencia, “son factores indispensables que de no mejorar no será posible reducir los costos de operación de las empresas ni mejorar su eficiencia”.