Foto: Cortesía Cámara de Diputados La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que será discutida y avalada por el pleno el próximo miércoles.
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Con los votos a favor de Morena, PT, PVEM, PAN y MC y la abstención del PRI, se dio luz verde a esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La iniciativa avalada, sin cambios, plantea penas de seis a 15 años de prisión y una serie de agravantes como el cobro de piso, cuando las víctimas son migrantes, menores de edad o en caso de que sea ejecutado por una persona servidora pública. Además, se eleva a categoría de Ley la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión, que cuenta con el número 089 para su denuncia.
También se armonizan distintos ordenamientos legales, el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio para prever que el delito de extorsión sea susceptible de la extinción de dominio.
“Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad y que requiere, como se ha venido haciendo ya, de una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano para su erradicación”, señala el documento.
El priista Alejandro Domínguez advirtió que si no se realizan cambios a la iniciativa, se agravará el problema de la inseguridad en el país y llamó a la mayoría a corregir el texto.
De aprobarse en los términos propuestos, detalló, podrían salir libres entre 130 y 150 personas peligrosas sentenciadas por extorsión, tan solo en su estado, Chihuahua, lo que significaría más violencia y más víctimas en todo México.
La diputada panista Margarita Zavala reclamó por su lado que no se haya considerado ningún impacto presupuestal, pese a que se crean nuevas instancias de atención a este delito.
