Ante el creciente número de delitos cibernéticos en México, diputados federales proponen sanciones de dos a diez años de prisión y hasta 400 días de multa para quienes suplanten la identidad de una persona para beneficiarse económicamente con este delito, con agravantes que incluyen la suspensión del derecho a ejercer actividades profesionales en áreas relacionadas con informática o telemática por hasta cinco años.

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La diputada Olga Elizondo señaló que este tipo de delitos se ha incrementado significativamente, especialmente desde la pandemia por Covid-19 y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, reportó más de 13 mil denuncias por fraude cibernético entre 2019 y mayo de 2021, evidenciando una tendencia al alza.

Agregó que el creciente problema de los fraudes y delitos derivados de la usurpación de identidad tiene que ser frenado y por ello presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para tipificar este delito. La propuesta contempla la adición de un Capítulo III Quáter denominado Usurpación de Identidad y el artículo 390 Ter al Código Penal Federal.

La legisladora del PT destacó que la suplantación de identidad se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente y dañina, que inicia con la obtención ilegal de información personal y culmina en fraudes patrimoniales, extorsiones u otros delitos. “Los delincuentes usan datos personales para hacerse pasar por las víctimas, valiéndose de técnicas como el parecido físico, la similitud de voz o incluso engaños telefónicos, bancarios o en redes sociales”, explicó.

Elizondo Guerra detalló que hay varias modalidades de fraudes cibernéticos relacionados con este delito, como el phishing, skimming, smishing, pharming, vishing y el uso de programas keylogger o clicklogger. Estas técnicas permiten a los delincuentes acceder a datos personales, bancarios y contraseñas, poniendo en riesgo a miles de personas que usan redes sociales y correos electrónicos.

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Con esta propuesta, la diputada Olga Elizondo reafirmó el compromiso del Partido del Trabajo con la protección de los derechos y el patrimonio de los ciudadanos, frente a las amenazas que representan los fraudes cibernéticos y la usurpación de identidad en el entorno digital actual.