Con el aval de todos los grupos parlamentarios, el pleno del Congreso de la Ciudad de México avaló postergar por seis años la obligatoriedad de prohibir que agresores y deudores alimentarios ocupar cargos en el servicio público, con los que los diputados locales incumplen con la obligación de armonizar la legislación local con la federal, en la que ya está regulada la llamada Ley 3 de 3.

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Luego de que esta disposición pasó casi desapercibida en un dictamen para ampliar derechos de niños y mujeres, la diputada Polimnia Romana Sierra sentenció que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Presupuesto y Cuenta Pública, metieron mediante una trampa en el artículo 3 transitorio de la Constitución capitalina la posposición hasta 2030 la puesta en marcha de esta legislación, con lo que se protege a deudores alimentarios que laboran en el gobierno local.

“Esto echa abajo la vigencia del artículo 10, apartado C, de la Constitución local, que tiene que ver no sólo con las relaciones laborales de las instituciones públicas con los trabajadores, como pretende hacer creer, sino que echa abajo el impedimento para que agresores ocupen cargos en el servicio público durante los próximos seis años”, sentenció.

Precisó que el texto original de este artículo señalaba que esta medida de impedimento a que deudores alimentarios ocupen cargos públicos por el citado lapso, entraría en vigor el día 31 de agosto, pero el dictamen aprobado establece que ese castigo entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2030; es decir, casi al final del siguiente sexenio.

“¿Cuál es la agenda oculta para proponer que todo lo que tenga que ver con relaciones laborales se difiera hasta el año 2030? ¿A quién intentan proteger, para que a pesar de haber sido sentenciado por violencia de género o por ser deudor alimentario, pueda ocupar un cargo en el gobierno? Esta no es una decisión que deba ser apoyar por línea partidaria o gubernamental, debemos mantenernos unidas en sororidad ante esta decisión que pretenden imponernos”, sentenció.

Y es que, el propio Congreso de la Ciudad de México el 23 de noviembre pasado avalaron la reforma constitucional de la llamada Ley 3 de 3, que estableció que se impediría ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, si es sentenciada por la comisión intencional de delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales; por delitos de violencia familiar, violencia política contra las mujeres en razón de género o que estuviera en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Finalmente, este artículo transitorio fue aprobado junto con el dictamen de modificaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México para incorporar estrategias de prevención y reparación para las víctimas de la violencia en contra de las mujeres y niñas por cuestión de género.

La iniciativa fue suscrita por los diputados Diego Orlando Garrido López, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, del grupo parlamentario del PAN, y Ana Jocelyn Villagrán de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal, aunque fue apoyado por todos los partidos.

El diputado Alberto Martínez Urincho señaló que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2021 41 por ciento de las mujeres de 15 años y más manifestaron haber vivido una situación de violencia en su infancia, mientras que, en el año 2022 de acuerdo con datos de las fiscalías generales de justicia estatales, el delito de violación registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años y ocurrió cuatro veces más en niñas que en niños de esta edad con 4 mil 197 y 884 casos, respectivamente.