PATRICIA RAMÍREZ

Fotos Daniel Galeana/El Sol de México

Incompleto, dividido y con conflictos internos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentará este año el proceso electoral más grande y complejo de la historia, con un previsible aumento en el nivel de litigiosidad por parte de actores y partidos políticos y por consecuencia del trabajo para el organismo.

Este 2024 arrancó con una nueva presidenta del máximo órgano electoral del país, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, que llega a la presidencia de la sala superior del Tribunal tras un turbulento proceso de sucesión, luego de que el anterior presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, fue orillado a renunciar a su cargo, tras la decisión de tres magistrados de removerlo, argumentando pérdida de confianza.

 

 

Sin embargo, el papel de Soto Fragoso, quien ha votado a favor proyectos que benefician a la llamada 4T, será fundamental, pues al estar el pleno incompleto, su voto de calidad puede definir asuntos importantes.

Y es que, desde el año pasado el pleno de la sala superior está incompleto, tras la salida de los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles, quienes concluyeron su encargo el pasado 31 de octubre y desde entonces sus puestos no han sido suplidos por el Senado de la República.

La Constitución establece que la sala superior del TEPJF se integra por siete magistraturas electorales que son designadas por el Senado de la República.

A su vez, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece que, para sesionar válidamente, la sala superior debe contar con, cuando menos, cuatro magistraturas presentes. Únicamente para el caso de la validación de la elección presidencial o su calificación, se requiere la presencia de, al menos, seis magistrados, por lo que para octubre de este año se cumplirá esa hipótesis.

Sin embargo, en el artículo 167 de esa misma ley también se garantiza el funcionamiento de la sala superior ante ausencias por vacancia definitiva, al prever la posibilidad de que se integre a ese pleno la magistratura electoral de las salas regionales del propio TEPJF que cuente con la mayor antigüedad o, en su defecto, mayor edad.

Presidencias turbulentas

Las diferencias entre los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral no son nuevas, pues desde hace años ha habido conflictos que han llevado a los presidentes a renunciar a ese cargo antes de terminar su periodo.

Desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno en diciembre de 2018, Mónica Soto es la quinta presidenta del organismo electoral.

Janine Otálora asumió la presidencia del organismo electoral el 4 de noviembre de 2016 y renunció al cargo en 2019, un año antes de que se venciera su periodo de cuatro años ya con López Obrador en la presidencia.

En su renuncia argumentó que las crisis en el Tribunal son consecuencia de la tensión a la que este órgano es sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores.

Tras su salida fue electo como presidente el magistrado Felipe Fuentes Barrera, aunque fue en calidad de interino y duró menos de dos años, para ceder el cargo a José Luis Vargas Valdez, quien fue electo por sus compañeros como magistrado presidente en noviembre de 2020.

 

 

Sin embargo, Vargas Valdez corrió la misma suerte y no pudo terminar su periodo, pues en agosto de 2021 y tras una crisis interna similar a la que atraviesa actualmente el Tribunal, tuvo que renunciar a su cargo, ante las presiones de sus propios compañeros.

A él lo sucedió Reyes Rodríguez Mondragón, quien correría la misma suerte y no podría terminar su periodo para el que fue electo en septiembre de 2021, pues tuvo que renunciar en diciembre pasado, para ser sustituido por Mónica Soto Fregoso.

 

Las tareas pendientes

En su primera sesión como presidenta, Soto Fregoso adelantó la tarea que le espera al TEPJF para las elecciones del próximo 2 de junio, las cuales son calificadas como las más grandes de la historia del país y también la más paritaria.

Y es que este año se renovarán 20 mil 375 cargos federales y locales. En el ámbito federal se elegirán 629 cargos, estos son: la Presidencia de la República, 500 diputaciones, 128 senadurías. Y en las entidades federativas se elegirán 19 mil 746 cargos, entre ellos, nueve gubernaturas de los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Además, podrán ejercer su voto más de 97 millones de mexicanas y mexicanos, lo que ya de por sí reviste en sí mismo un carácter excepcional.

Soto subrayó que esta será la quinta ocasión en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realice el cómputo final de la elección de presidencia de la República y entregará la constancia de mayoría y validez de la elección, como lo hizo en los años 2000, 2006, 2012 y 2018, reconociendo y garantizando la voluntad popular de alterar distintas fuerzas políticas en el poder.

“Ello exige de nosotras y nosotros un trabajo ejemplar en la resolución de controversias, la protección de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, así como la garantía de acceso a la justicia electoral”, dijo Soto.

 

Aumentan juicios

En su último informe, el presidente saliente del Tribunal, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que cuatro de cada 10 asuntos fueron promovidos no por partidos políticos, no por candidaturas, sino directamente por la ciudadanía.

Refirió que en 2024 se disputarán el mayor número de cargos en una sola jornada y se incorporarán formas de votar nunca antes realizadas, como son el voto desde prisión preventiva, el voto anticipado y el voto presencial en 23 consulados de México en el extranjero “Las magistradas y los magistrados del TEPJF son corresponsables, con sus acciones y decisiones, de los resultados logrados, del futuro y estabilidad institucional frente al proceso electoral 2023-2024”, advirtió en aquella ocasión al rendir su informe de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), evento que evidenció la crisis interna, por la ausencia de los tres magistrados que luego lo impugnarían.

Y es que de acuerdo con las estadísticas judiciales, tan solo en 2023 se recibieron más de 7 mil 700 asuntos en el TEPJF, presentados por partidos políticos, aspirantes, asociaciones y ciudadanos, lo cual anticipa la cantidad de asunto que se esperan ante un año electoral en el que están en juego más de 20 mil cargos de elección popular y cuyos actores impugnan constantemente ante la autoridad electoral.

Toda esta carga de trabajo, además, debe dividirse entre cinco magistrados y sus equipos de trabajo, ante la falta de dos magistrados que no han sido electos todavía por el Senado.