El gobierno de México parece estar luchando contra lo inevitable. La Casa Blanca en la segunda era de Donald Trump va derecho y no se quita. Parece que nadie podrá impedir que Washington emprenda acciones rudas en temas de migración y de seguridad.
El gobierno de Claudia Sheinbaum admite que desde el 20 de enero que Trump volvió al poder en Estados Unidos han sido deportados hacia México más de 13 mil migrantes. No es una cifra menor, pero tampoco es distinta a los registros anteriores. Es decir, en materia migratoria la frontera se ha comportado de manera más o menos uniforme entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. No ha habido deportaciones masivas.
No puede decirse lo mismo respecto a lo que sucede en materia de seguridad. El gobierno de Estados Unidos está por designar a cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, entre ellas las dos mayores bandas del narcotráfico: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero, además, Estados Unidos ha reconocido abiertamente que espía a México con el objetivo de obtener mayor información de las operaciones de los cárteles de las drogas, mediante vuelos frecuentes con aviones equipados con alta tecnología para las tareas de inteligencia y obtención de datos.
El gobierno norteamericano está actuando abiertamente contra las organizaciones criminales, por ahora, obteniendo información de inteligencia, pero en un futuro no lejano podría ser a través de operativos que anulen o neutralicen la actuación de los cárteles que exportan hacia Estados Unidos cantidades considerables de drogas prohibidas, particularmente de fentanilo.
Es cierto lo que señala el gobierno mexicano cuando dice que Estados Unidos hace muy poco contra los distribuidores de drogas en su propio territorio. Pocas veces tenemos noticia de operativos contra las mafias del narcotráfico en los territorios donde se comercia droga en la Unión Americana.
También es cierto que los norteamericanos no tienen programas agresivos para prevenir y combatir el consumo de drogas. Asimismo, es real que el contrabando de armas hacia México es inadmisible. Pero ahí hay responsabilidad compartida, como en el tráfico de drogas.
La frontera se ha vuelto de tal manera porosa que parece un queso gruyere. Ninguno de los dos gobiernos hace lo necesario para combatir la corrupción perniciosa que priva en ambos lados de la frontera, permitiendo que pase todo por los puentes y las aduanas.
Reconociendo todo lo anterior, parece muy poco lo que hace el gobierno de Claudia Sheinbaum para ofrecer resultados reales en la lucha antidrogas, como demanda Donald Trump. El involucramiento de políticos y gobernantes de Morena y otros partidos con los cárteles de las drogas es tan evidente, que si no ruedan por lo menos algunas de las principales cabezas para demostrar la voluntad de México para combatir este cáncer que crece imparable, será muy difícil convencer a Washington de que el gobierno mexicano tiene un compromiso real en la batalla contra el narcotráfico y la violencia generados por las organizaciones criminales.
Donald Trump va en serio. ¿Hasta dónde será capaz Claudia Sheinbaum de contenerlo? Está por verse.
