Toluca, Edomex.— Como parte del Operativo “Caudal”, implementado de manera simultánea en 48 municipios del Edomex, elementos de la Fiscalía mexiquense y de las fuerzas federales, estatales, municipales, así como de los organismos de agua locales, resguardaron 160 predios y aseguraron 250 pipas y un tráiler utilizados por integrantes de sindicatos y organizaciones criminales dedicadas a la extracción y venta ilegal de agua.

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En Ecatepec, uno de los municipios donde se desplegó este operativo, las autoridades señalaron que las acciones se realizaron bajo un mando unificado.

Más de 300 elementos contra el huachicoleo

El gobierno municipal informó que participaron más de 300 elementos de distintas corporaciones, cuya función fue combatir el robo, sustracción, venta, distribución y transporte ilegal de agua potable de la red hidráulica municipal. Como resultado, se aseguraron nueve inmuebles, nueve tomas clandestinas y un pozo de agua, acciones que buscan frenar un problema que, hace más de un año, afectaba a cerca de un millón de habitantes de Ecatepec.

Durante la madrugada y la mañana de este viernes, elementos de la policía municipal y estatal, la Fiscalía Regional Ecatepec, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional se desplegaron en 11 células, acompañados de agentes del Ministerio Público y peritos.

Coordinación entre fuerzas federales y locales

Personal de Fuerza de Tarea Marina, Policía Municipal, en coordinación con Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, implementó un dispositivo de seguridad en apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y SAPASE, con el objetivo de realizar cateos en diversos puntos del municipio.

Cateos en seis colonias

Las 11 células desplegadas realizaron cateos que permitieron asegurar tomas clandestinas en las colonias San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia, San Francisco de Asís y un pozo en la colonia Olímpica Jajalpa.

El huachicoleo de agua en Ecatepec, resultado de la impunidad de administraciones anteriores, llegó a afectar a cerca de un millón de habitantes, quienes se veían obligados a comprar agua a los mismos grupos que la extraían de manera ilegal.

Desde el inicio de esta administración, el gobierno municipal ha desmantelado más de 100 tomas clandestinas de agua potable, de donde grupos organizados extraían líquido de la red hidráulica municipal para venderlo en las comunidades a precios que oscilaban entre 1,500 y 2,000 pesos por pipa.