El 2018 fue un año crítico para los derechos humanos: CNDH, lamenta que el AMLO no haya recibido el informe anual

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que 2018 fue un año crítico para los derechos humanos, donde las quejas referidas a salud, así como a las cuestiones relativas a la seguridad y justicia, fueron las áreas donde las personas acusaron mayores afectaciones a sus derechos.
En un hecho inédito en los casi 29 años de existencia de la CNDH, el presidente de ese organismo presentó su informe anual de labores ante la Secretaría de Gobernación y no ante el presidente de la República, como tradicionalmente se hacía.
En su mensaje, González Pérez señaló que México y su sociedad necesitan respuestas y verdad, no retórica y posverdad, y demandó una institucionalidad fuerte, que consolide la democracia y fortalezca la unidad de la nación.
Agregó que el año pasado subsistieron en México problemas tan graves como los miles de personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de personas, así como los ataques y homicidios en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos.
Tras señalar que es claro que en el pasado existieron graves deficiencias y omisiones por parte de las autoridades de los distintos niveles y ámbitos del gobierno, que vulneraron la legalidad, así como la vigencia de los derechos humanos, en estos primeros meses de 2019 se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años México ha enfrentado en diversos rubros.
En conferencia de prensa posterior, el ombudsman nacional acotó más allá de un acto meramente formal, el encuentro ante el presidente de la República abría un espacio directo e inmediato para que la CNDH pudiera exponer un balance anual sobre la situación de los derechos humanos.
Consideró que no será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de los derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana.
González Pérez enfatizó que con independencia de medidas de disciplina presupuestal o de la investigación de ilícitos, México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, sean vigentes, obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales. Hay rubros en los que la asignación de recursos públicos no puede sólo depender de cálculos económicos o ponderaciones administrativas, como lo son los servicios de salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado, implica la diferencia entre la salud o la enfermedad de las personas, e inclusive, en casos graves o urgentes, entre su vida o su muerte.
En en este contexto, advirtió que no hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente.
“Debilitar o volver inoperantes los sistemas públicos de salud, implica una violación a los derechos humanos. Las irregularidades del pasado son motivo de investigación y sanción, los problemas del presente requieren acciones pertinentes y atención urgente. La falta de apoyos a las estancias infantiles y refugios, a instancias que atienden personas con discapacidad, la descalificación de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas y comunicadores, y la necesidad de prevenir discursos que polaricen o dividan a las personas son temas que deben revisarse buscando la mayor protección y vigencia de los derechos”, puntualizó.
Asimismo, refirió que las autoridades deben actuar para dar sentido, vigencia y garantía a los derechos humanos. Expresar un compromiso con su respeto no es suficiente para dotar de pertinencia y viabilidad las políticas que se adopten y las acciones que se implementen. La verdad no se construye y determina mediante el discurso o los dichos. Son los hechos, la evidencia concreta y objetiva que dirá el grado de compromiso y respeto con los derechos humanos. México y su sociedad necesitan respuestas y verdad, no retórica y posverdad.
“La subsistencia de nuestra democracia y la vigencia de nuestros derechos depende de que las y los mexicanos estemos veraz y debidamente informados sobre las acciones de gobierno y el desarrollo de la actividad pública”, dijo.
Por ello, añadió, la información y la transparencia son derechos que deben preservarse y fortalecerse, proque es prioritario generar un entorno propicio para el ejercicio de la labor periodística y la defensa de los derechos humanos, lo cual pasa por promover el respeto hacia las mismas, reconocer su importancia en una sociedad democrática y evitar su estigmatización o pretender descalificarlas.
Detalló que tan sólo en lo relativo a la violencia en contra de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, durante los primeros meses de 2019 se han registrado 12 casos de homicidios, mismos en los que no debe existir la impunidad, que es una constante, para la mayoría de los casos registrados en los años anteriores.
Reconoció que las graves deficiencias y omisiones por autoridades en el pasado sirven para explicar la situación actual, pero no para justificar que no se actúa o pretender desviar la atención de los verdaderos problemas de fondo. La autoridad que actuó indebidamente debe ser investigada y sancionada, y la autoridad que no actúa procurando respeto y vigencia de esos derechos, y al marco jurídico vigente, viola derechos humanos y genera responsabilidades de índole diverso. Señaló que la impunidad no es cosa del pasado sino problema presente, límite y obstáculo para el desarrollo social y económico, y uno de los retos más grandes que México debe enfrentar si de verdad se aspira a ser un país de leyes y de derechos para todas y todos. La observancia de las leyes no puede buscarse vulnerando las propias leyes.

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